Desde que se firmó el primer Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor en 1994, (el TLCAN), el texto no había sido revisado, hasta que lo exigió el Presidente Donald Trump al inicio de su primer mandato, renegociación que tomó a México por sorpresa, ya que no estaba contemplada ninguna revisión, obligando a nuestro País a participar en la mesa de negociaciones, sin ni siquiera contar con un Plan “A”, mucho menos un Plan “B”, para renegociar.
Obviamente, quien sí tenía un Plan con peticiones muy concretas, era Estados Unidos, y en tan breve tiempo, México no tuvo la oportunidad de elaborar un pliego petitorio con aspectos a renegociar, aprovechando la coyuntura, y nuestro papel fue solo defensivo, renegociando exclusivamente los aspectos que los Estados Unidos pusieron sobre la mesa, y en honor a la verdad, lo mismo le ocurrió a Canadá.
Ahora, como en el Tratado renegociado (TMEC), se estableció una nueva fecha para su primera revisión, que se estableció para 2026, esta nueva renegociación ya no nos tomará por sorpresa, y de hecho, ya se han iniciado las pláticas de empresarios mexicanos con la Secretaría de Economía, para organizar los trabajos de apoyo de lo que se conoce como el “Cuarto de Junto” para definir estrategias y elaborar un pliego petitorio de aspectos y modificaciones a incluir en la próxima renegociación.
A este respecto, en ocasiones anteriores he comentado que los temas incluidos en estos Tratados “COMERCIALES”, van más allá del mero intercambio de bienes y servicios, e imponen condiciones y restricciones que nada tienen que ver con el libre comercio, como lo son temas ambientales, aspectos sindicales y de inversión extranjera, así como prohibiciones para celebrar Tratados Comerciales con ciertos Países, como China.
Con el TMEC, las empresas mexicanas están sujetas a revisiones de índole sindical, a cumplir con normas ecológicas en materia de contaminación y también a enfrentar procedimientos legales cuando los inversionistas extranjeros vean afectados sus intereses, como fue el caso de Iberdrola.
Un inversionista extranjero, que vino a México a producir energía eléctrica, para venderla en MEXICO, no tiene nada de comercio internacional, pero está protegido legalmente por el Tratado cuando se afectan sus intereses, por lo que el Gobierno Mexicano tuvo que negociar la compra de activos, con motivo de la reforma a la Ley Eléctrica.
De tal suerte, se sugiere buscar la eliminación de estas condiciones y restricciones ajenas al comercio de bienes y servicios, y en cambio, incluir otras para garantizar el libre comercio, exento de aranceles, como restricciones para el uso injustificado de medidas no arancelarias, que tradicionalmente han sido utilizadas para entorpecer y detener el libre comercio, como son las medidas sanitarias no comprobadas, o de otra índole, como las que impidieron la entrada de vehículos de carga mexicanos a los EUA.
En concreto, se sugiere incluir un Capítulo de Aspectos No Arancelarios, que contengan disposiciones para evitar su aplicación unilateral y contemplen consultas previas.
Los productos agrícolas, principalmente cuando la producción es abundante, son los que generalmente provocan problemas que se resuelven con medidas no arancelarias.
Si la producción de naranjas fue muy buena en la Florida, se busca detener la importación de naranja mexicana, o si hay excedente de tomates en México, se tratará de restringir su exportación a EUA, para proteger al productor norteamericano, y se inventa que los productos mexicanos tienen alguna plaga y que deben obtener un certificado sanitario previo, para poder entrar a los EUA.
Por lo tanto, es recomendable prever este tipo de situaciones, e incluirlas dentro de los temas a renegociar.
Por otro lado, los porcentajes de integración regional, para considerar un bien como producido en la Región, es un tema sensible para los EUA, en particular para la industria automotriz, y desde la renegociación pasada, la pretensión era aumentarlo a un 75%, y en el fondo le favorece a México, ya que esto origina que algunas de las piezas importadas de Europa o de Asia, que actualmente se incorporan a unidades ensambladas en México, tendrían que ser producidas en Canadá, EUA o México, para cumplir con el mayor porcentaje de integración regional, por lo que nuestro País sería el elegido, por su menor costo laboral.
De hecho, esto generó mucho entusiasmo en la pasada renegociación, y se acuñó el término de “Nearshoring” por la expectativa de nuevas inversiones extranjeras.
De hecho, la industria automotriz ha sido la más protegida, más que el sector agropecuario, ya que es fecha que solo pueden importar vehículos nuevos las armadoras, porque ninguna empresa o persona física, puede importar un vehículo nuevo, solo vehículos usados, don determinado número de años de antigüedad, sin que exista una buena razón para esta limitación, y podría incluirse en el nuevo Tratado.
Finalmente, como también lo he señalado con anterioridad, mientras México firmó un TRATADO comercial, que junto con nuestra Constitución es LEY SUPREMA, los EUA firmaron un ACUERDO comercial (NAFTA), donde la última “A” se refiere a “Agreement”, cuya jerarquía legal es inferior a cualquier Ley Nacional norteamericana, razón por la cual el Presidente Trump ha invocado un par de Leyes locales para imponer LEGALMENTE, aranceles a México y a Canadá, a pesar del Tratado firmado.
A este particular, si bien no creo que se le pueda obligar a EUA a que firme un verdadero Tratado con jerarquía legal como la que se tiene en México, por equidad, lo que se puede y debe hacer, es que México firme también un “Acuerdo” comercial y no un “Tratado” que tiene rango Constitucional, para no dar Oro y recibir Espejitos.
Otra sugerencia, sería proponer que para invocar una Ley local en los EUA, para la imposición de aranceles, así como su determinación, se requiera la aprobación del Congreso Norteamericano, y no solo la decisión del Presidente.
Tener acceso a bienes más baratos que los producidos en México, si bien beneficia al consumidor, perjudica al productor nacional de esos bienes, por lo que se debe también acceder a materia prima y bienes de capital más baratos, para que los productores nacionales aumenten su productividad, bajen sus precios, y no se vean desplazados por los productos importados.
El comercio internacional plantea una situación de ganar-ganar, y toda acción que lo inhiba, como la aplicación de aranceles, nos conduce a un juego de perder-perder.
Aprovechemos la coyuntura de la próxima renegociación, para obtener mayores beneficios del libre comercio.
