Cada vez que hago una compra en línea, me pregunto: ¿qué tan protegida estoy como consumidora? Y cada vez que converso con emprendedores digitales en Nuevo León, surge la misma inquietud: ¿qué tan claro es el camino legal para operar sus negocios? La respuesta, lamentablemente, no es alentadora.
El comercio electrónico en México ya no es un lujo ni una tendencia pasajera: es parte de nuestra vida cotidiana y del motor económico del país. Pero mientras la innovación corre a gran velocidad, la ley parece caminar con pasos torpes y lentos.
Hoy tenemos un Código de Comercio que reconoce la validez de actos jurídicos electrónicos, pero que no se anima a definir con precisión qué significa realmente contratar en lo digital. Contamos con una Ley de Firma Electrónica Avanzada que, en teoría, nos da seguridad, pero en la práctica casi nadie usa. Y aunque la Ley Federal de Protección al Consumidor contempla disposiciones para transacciones en línea, se queda corta cuando hablamos de gigantes globales como Amazon o Mercado Libre.
En otras palabras: sí, tenemos leyes, pero dispersas, incompletas y poco prácticas. Y lo más grave es que no existe una legislación específica que proteja de manera integral a consumidores y emprendedores.
NUEVO LEÓN: UN ECOSISTEMA INNOVADOR EN TIERRA DE NADIE
Aquí en Nuevo León, esta carencia se siente todavía más. Somos un estado que presume de innovación, de startups y de economía digital. Miles de negocios venden desde Instagram, WhatsApp o marketplaces, pero lo hacen en una especie de “limbo legal”.
Los pequeños negocios digitales enfrentan cargas fiscales desproporcionadas que los ahogan antes de crecer. Los consumidores no tienen herramientas reales para resolver disputas con plataformas extranjeras, y la informalidad en línea crece sin control, limitando la bancarización y la posibilidad de escalar proyectos.
Es como si estuviéramos construyendo un ecosistema vibrante… pero sin blindaje legal.
Estoy convencida de que el comercio electrónico debe dejar de tratarse como una curiosidad o un “apéndice” del comercio tradicional. Necesitamos reconocerlo como un fenómeno autónomo y urgente, con sus propias reglas claras.
Para lograr esto se requiere de una reforma federal que deje de dar rodeos y establezca con claridad cómo funciona un contrato digital, cuáles son los derechos de los consumidores en línea y qué obligaciones deben cumplir las plataformas.
También contar con enfoque regional que entienda las particularidades de estados como Nuevo León, donde lo digital es ya una palanca real de desarrollo económico.
Y, muy importante, de un sistema de fiscalización justa y proporcional, que acompañe la formalización de negocios sin ahogar la innovación con trámites y sanciones desmedidas.
En realidad, el comercio electrónico ya no es el futuro: es nuestro presente. Y mientras lo vivimos a diario —cuando pedimos un taxi por app, cuando compramos el súper en línea o cuando un emprendedor regiomontano vende sus productos desde Instagram—, lo hacemos con más incertidumbre legal de la que deberíamos tolerar.
No se trata solo de legislar por legislar. Se trata de construir una arquitectura jurídica que habilite, proteja y potencie la economía digital. Porque en un estado como Nuevo León, dejarlo a la deriva no es una opción: es un riesgo que no podemos seguir corriendo.
La autora es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con Maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad de Monterrey (UDEM). También es especialista en derecho del consumidor, con experiencia en la atención, asesoría y resolución de controversias en materia de protección al consumidor ante la PROFECO.