La economía mexicana transita un tramo lleno de señales sutiles pero significativas. El Banco de México mantiene el rumbo de recortes —con mesura— a una tasa de 7.75 %, impulsado por la desaceleración de la inflación general, aunque la subyacente sigue siendo terca. El dato de inflación de mediados de mes, situado en 3.49 % anual, permite respirar, sí; pero no bajar la guardia. El crecimiento tampoco decepciona: el PIB creció 0.6 % respecto al trimestre anterior y 1.2 % en términos anuales en el segundo trimestre de 2025, según el INEGI. Este resultado aleja a México de la temida recesión técnica, aunque el paso sigue siendo mesurado, especialmente en sectores como manufactura avanzada y servicios, mientras la agricultura pierde algo de fuerza.
La narrativa parece ecuánime y esperanzadora, pero no está exenta de escollos. Pemex vuelve a ocupar el centro de atención por fallas logísticas en la distribución de combustible y reclamaciones de proveedores que demandan claridad. Esa empresa, más que un actor económico, es una variable fiscal y de confianza: si no reforma su operación, el alivio será temporal. A esto se suma la presión sobre el sistema financiero: instituciones mexicanas sancionadas por Estados Unidos han visto caer activos y captación. Es un recordatorio solemne de que el cumplimiento (compliance) ya no es un lujo, sino el seguro de vida de todo el sistema financiero.
Y aquí entra un nuevo capítulo: el PLD como barómetro político y comercial en las negociaciones del T-MEC. Washington ha puesto sobre la mesa exigir reformas robustas en materia anti-lavado de dinero (AML) como condición para avanzar en el tratado. La presión no es retórica: el 25 de junio pasado, la FinCEN designó a CIBanco, Intercam y Vector como instituciones de “principal preocupación por lavado de dinero”, prohibiendo transacciones con entidades estadounidenses a partir del 4 de septiembre —aunque esa fecha fue extendida tras coordinación bilateral. El objetivo —deslizadamente diplomático— es presionar al gobierno mexicano para fortalecer su legislación y supervisión financiera, una exigencia que ahora se entrecruza con la revisión del T-MEC.
El mensaje estadounidense es claro: avanzar en el acuerdo comercial sin abordar de fondo la agenda PLD será una premisa incómoda. Bajo ese foco, no se busca solo sancionar, sino elevar estándares: mejorar la diligencia debida, robustecer la comunicación entre UIF y FinCEN, actualizar la ley AML y enriquecer la supervisión de transferencias sensibles. De no hacerlo, México arriesga no solo una “lista gris” del GAFI —con mayores controles y estigmas regulatorios—, sino también la erosión de la confianza bilateral en plena coyuntura de negociación.
Esta dualidad de señales obliga a recalibrar la tesis central: sí, Banxico tiene margen para recortar si la inflación lo permite, pero el verdadero precio político y financiero está en la capacidad del Estado y el sistema bancario de demostrar que México puede tranquilizar al socio comercial más relevante. El desafío es verificar si el cambio regulatorio no es cosmético; un escéptico diría: “¿Acaso basta con una reforma superficial para cambiar percepciones históricas?” La lógica aguanta únicamente si queda claro que la implementación—no solo la ley— será efectiva, transparente y verificable.
El análisis resiste si se asume que la presión estadounidense no es coyuntural, sino estructural: sin avances concretos en PLD, el acuerdo comercial no será completo; y sin certidumbre comercial plena, la inversión privada se retraerá. Al mismo tiempo, aparece una oportunidad: México puede usar la coyuntura para modernizar su marco AML, no como reacción, sino como reforma genuina.
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