Reducir la jornada laboral implica un reto económico, pero también una apuesta por el bienestar y la competitividadMillones de personas en México trabajan seis días a la semana, con jornadas extensas, fatiga crónica y escaso tiempo para convivir con sus familias. A pesar de ello, el país sigue rezagado en productividad.
Ese es el punto de partida de la reforma que propone reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas. Más que una simple modificación legal, se trata de un cambio estructural que desafía el modelo actual de trabajo.
En 2023, México registró un promedio de 2,207 horas trabajadas al año, ocupando uno de los primeros lugares a nivel mundial. Solo Colombia superó esa cifra, con 2,405 horas anuales, pese a haber iniciado ya la reducción de su jornada a 44 y 42 horas semanales.
Ambos países se encuentran muy por encima del promedio de la OCDE, que es de 1,683 horas al año.En comparación, Estados Unidos reportó 1,799 horas; Chile y Grecia, alrededor de 1,900.
Pero trabajar más no significa necesariamente producir más. En 2022, la productividad por hora trabajada en México fue de 24 dólares, muy por debajo del promedio de la OCDE (67.5 dólares). Irlanda lideró el ranking con 162.5 dólares por hora, mientras que Chile, el más productivo de América Latina, alcanzó los 35.5.
En este contexto, la reforma para reducir la jornada laboral en México plantea establecer un máximo de 40 horas semanales, con dos días obligatorios de descanso por cada cinco trabajados, y sin afectar el salario actual de los empleados.
Esta iniciativa no solo es necesaria: es urgente.El síndrome de burnout, reconocido por la OMS como un fenómeno ocupacional, afecta en México al 72% de los trabajadores, según el estudio Burnout Laboral 2025 de la plataforma Buk.
Disminuir la carga semanal permitiría equilibrar la vida personal y profesional, mejorar la salud mental, y fomentar relaciones laborales más sostenibles. Trabajadores descansados, con mayor bienestar, pueden ser también más productivos y comprometidos.
No obstante, alcanzar esta meta hacia 2030 —como se ha planteado— conlleva desafíos importantes, tal como se evidenció en los foros organizados para analizar la propuesta.
Uno de los principales obstáculos será el incremento en los costos operativos: mantener los salarios reduciendo las horas laborales obligará a contratar más personal, reorganizar turnos, y en muchos casos, automatizar procesos.
Esto supone una inversión considerable, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que podrían enfrentar serias dificultades para absorber los costos adicionales. De no acompañarse con políticas públicas adecuadas, existe el riesgo de fomentar aún más el trabajo informal o de frenar la generación de empleo formal.
Por ello, la implementación escalonada prevista hasta 2030 es clave. Será necesario comenzar con cambios graduales, que permitan medir el impacto, planificar adecuadamente las contrataciones, y diseñar nuevos esquemas laborales.
Además, se requerirán incentivos fiscales, subsidios para capacitación y contratación, así como asesoría técnica para impulsar la transformación tecnológica y organizacional.
Las empresas deberán asumir también su rol en este proceso: invertir en formación, rediseñar procesos ineficientes, y adoptar modelos de trabajo por objetivos o por proyectos.
Lejos de ser solo un cumplimiento normativo, esta reforma representa una oportunidad para modernizar la cultura laboral del país.La colaboración será esencial.
El gobierno, las empresas y los sindicatos deberán trabajar juntos para asegurar que el cambio se implemente de forma justa. Los sindicatos, en particular, deberán proteger los derechos de los trabajadores y evitar que la reducción de horas derive en mayores cargas de trabajo o en afectaciones salariales disfrazadas.
Asimismo, la participación activa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) será fundamental: su función no solo debe ser reguladora, sino también facilitadora del cambio, ofreciendo asesoría técnica, acompañamiento y supervisión efectiva.
En suma, la reducción de la jornada laboral no es solo una reforma legal.
Es una apuesta por un modelo laboral más humano, eficiente y sostenible. Su éxito dependerá de una implementación gradual, responsable y coordinada, con visión de largo plazo.
México ya ha iniciado este camino. Toca ahora a todos los actores —gobierno, empresas, sindicatos y sociedad— sumar esfuerzos para superar los desafíos y construir un futuro laboral más justo y competitivo.
La autora es integrante del Comité Laboral de Index Nuevo León.