En el primer trimestre del año, un millón de trabajadores en Nuevo León (NL), que representan el 45 por ciento de la población ocupada, no cuentan con un ingreso laboral suficiente para la adquisición de dos canastas básicas, es decir, tienen un salario de pobreza, ganan menos de nueve mil 400 pesos al mes, señaló Rogelio Gómez, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
El organismo dijo que a pesar de que pone a la entidad muy por debajo del promedio nacional, pues en todo el país 67 por ciento de la población ocupada gana salarios de pobreza (32.9 millones de personas), es preocupante que en NL casi la mitad de las personas ocupadas tengan ingreso laboral insuficiente para superar la pobreza.
“Los estados con mayor desarrollo económico tienen indicadores ´menos peores´, eso es innegable, pero no es una regla, pues por ejemplo el EdoMex cuenta con un gran desarrollo industrial y económico, desde hace décadas y tiene el segundo peor nivel en personas que trabajan sin ingreso suficiente”, dijo Gómez.
“Las raíces de la precariedad laboral son varias y complejas. El bajo crecimiento económico es una, pero también el modelo de crecimiento que basó la competitividad de nuestro país en bajos salarios y el incumplimiento con los derechos laborales en su entrada al mercado global a mediados de los 80”, agregó.
Recientemente, el Financiero Monterrey publicó una nota en la que indicaba que si bien Nuevo León estaba entre las entidades que más empleo generaban, la mayoría de las personas empleadas, el 60 por ciento, son trabajos que devengan uno y dos salarios mínimos.
Esta situación fue atribuida por Jesús Rubio, investigador del Colegio de la Frontera Norte, entre otros factores, a las modificaciones que se hicieron en la ley laboral en los últimos meses, lo que implica un mayor costo para las empresas que contratan personal.
“Más de fondo, tenemos un modelo de financiamiento y acceso a servicios de salud y otras protecciones del seguro social que segmenta la población y que genera incentivos a la “informalidad”, por el costo de las contribuciones “sociales” (IMSS e Infonavit)”, comentó Gómez
“Eso convirtió el acceso a la salud en una “prestación laboral” cuando en realidad es un derecho humano, de todas las personas, lo cual no debiera depender del trabajo. En los hechos, estas contribuciones son un impuesto a la generación de empleo que reduce los ingresos de las y los trabajadores”, añadió.
Respecto a las personas ocupadas que no cuentan con seguridad social en NL son el 37 por ciento del total, lo que equivale a un millón de personas, mientras que a nivel nacional este porcentaje es de 60 por ciento, 35.1 millones de personas que trabajan.
“Coahuila y Nuevo León son dos de las entidades cuya población ocupada sin seguridad social está por debajo del 40 por ciento, no quiere decir que sean los mejores, sino que son los “menos peores”, pues más de la tercera parte de la gente que trabaja, el 37 por ciento en ambos casos no tiene acceso a la seguridad social”, destacó Gómez.
En cuanto a trabajar sin un contrato estable, en NL hay 613 mil personas que están en esta situación, lo que representa el 28 por ciento de la población asalariada.
Además, el 14 por ciento de la población asalariada de la entidad trabaja sin prestaciones, lo que equivale a 309 mil empleados, menor al 16 por ciento registrado en el primer trimestre del año pasado, cuando 368 mil estaban en esta situación.
El organismo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza detalló que las prestaciones incluidas en la Ley Federal del Trabajo forman parte del derecho humano al trabajo y que se consideran para este indicador las que mide la ENOE: aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo, reparto de utilida
