En los últimos años, México ha presumido avances notables en inclusión financiera, dejando atrás un periodo de estancamiento, o al menos eso parece.
Hoy, el 76.5 % de los adultos en el país cuenta con al menos un producto financiero formal, según la ENIF 2024. Es un salto considerable frente al 67.8 % reportado en 2021, y más aún si se compara con el periodo de 2015 a 2021, cuando la inclusión apenas se movió, pasando de 68.4 % a 67.8 %.
Destaca en particular la región noreste, que registra una tasa de inclusión del 84.9 %, la más alta del país. A primera vista, el panorama luce alentador.
Pero este avance tiene una cara menos favorable. Si bien más mexicanos están entrando al sistema financiero, no necesariamente lo hacen mejor preparados.
Al contrario: el Índice de Competencias Económico-Financieras, que mide el nivel de alfabetización financiera, es decir, cuánto entendemos sobre conceptos básicos como tasas, intereses o presupuestos, bajó de 58.2 % en 2018 a 57.9 % en 2024.
En pocas palabras, hoy hay más personas con cuentas, tarjetas y créditos, pero menos capacitadas para usarlos de manera responsable. Esto las deja expuestas a endeudarse por encima de lo que pueden pagar, atrapadas en compromisos que terminan por debilitar su estabilidad económica.
El acceso al crédito ha dejado de ser un privilegio de unos cuantos. Con una CURP y un teléfono celular es posible obtener préstamos en minutos, muchas veces sin un análisis riguroso de la capacidad de pago ni información clara sobre tasas o comisiones.
De ahí surge la paradoja: más mexicanos forman parte del sistema financiero, pero muchos de ellos están, en realidad, peor que antes.
Según la ENSAFI, apenas el 17.8 % de la población se percibe con un alto bienestar financiero, mientras que el 50.8 % lo califica como bajo o medio-bajo.
Más preocupante aún, seis de cada diez mexicanos con deudas reportan dificultades para cubrir gastos básicos debido al pago de sus compromisos financieros, según un estudio reciente de Bravo. El problema se agrava en los hogares con menores ingresos, donde los créditos al consumo de corto plazo se convierten en un mecanismo de subsistencia.
Financieras no bancarias, casas de empeño, tiendas departamentales y plataformas digitales ofrecen productos de fácil acceso, pero con tasas que pueden superar el 100 % anual.
Este escenario termina por generar un círculo vicioso: familias que recurren a un crédito para pagar otro deterioran su historial, quedan marginadas del sistema formal o atrapadas en condiciones usurarias.
A diferencia de una crisis financiera tradicional, el sobreendeudamiento que vive México hoy es más silencioso, fragmentado, pero no por ello menos peligroso. No hablamos de una burbuja hipotecaria como en 2008, sino de millones de hogares endeudados de forma invisible, fuera del radar de la banca regulada.
Las consecuencias son directas sobre el bienestar. Estudios del Banco Mundial y del BID han demostrado que los hogares sobreendeudados tienden a reducir su gasto en salud, educación y alimentación, y se vuelven mucho más vulnerables ante cualquier choque económico. Además, el estrés financiero es ya una de las principales fuentes de ansiedad en zonas urbanas de bajos ingresos.
Si seguimos midiendo el éxito de la inclusión financiera sólo en función del número de cuentas o productos contratados, estaremos ignorando lo esencial: el impacto real en la vida de las personas.
México necesita una política que no solo apueste por el acceso, sino por la calidad de ese acceso, con educación financiera desde edades tempranas y una regulación efectiva de los productos, especialmente para proteger a los segmentos más vulnerables.
La tecnología financiera (fintech) podría ser un aliado clave para cambiar esta realidad, pero también requiere supervisión. Hoy operan en el país al menos 650 aplicaciones de préstamo, muchas sin autorización de la CNBV ni prácticas claras de cobranza, según la CONDUSEF. La inclusión digital no puede convertirse en la puerta trasera para nuevos abusos.
Si queremos un México con crecimiento sostenido, necesitamos hogares financieramente sanos. Y eso no se logra sólo con más productos, sino con mayor protección al consumidor, transparencia y una visión ética tanto de la banca como de las fintech.
Incluir a más personas en el sistema financiero es necesario, pero no suficiente. Sin reglas claras, información útil y educación, la inclusión termina siendo solo otra forma de exclusión.
El autor es economista por el Tecnológico de Monterrey y consultor de transformación de negocios en Galera.
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