Con motivo de la Estrategia Nacional contra la Extorsión presentada por el Gobierno Federal, Coparmex Nuevo León considera que representa un paso indispensable frente a un delito que afecta gravemente al sector productivo y vulnera la seguridad de millones de personas.
Dijo que en particular, Nuevo León ha sido afectado por esta problemática ubicándose entre las entidades con mayor cantidad de extorsiones denunciadas, que al mes de junio del presente año alcanzaron las 480 y en todo el 2024 sumaron 866, un alza de 9 por ciento respecto al 2023.
“La extorsión es uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico. Para seguir impulsando la inversión, el empleo y la competitividad debemos garantizar que tanto empresarios como ciudadanos no vivamos bajo amenaza”, señaló Roberto Cantú Alanis, presidente de Coparmex Nuevo León.
“En Coparmex Nuevo León exigimos acciones firmes, coordinación interinstitucional y leyes que protejan a las víctimas, no que las obliguen a exponerse”, agregó.
Diversos análisis y reportes en el país han señalado que una parte significativa de las extorsiones telefónicas podría tener su origen en centros penitenciarios.
Sin embargo, destacó que si bien no se puede afirmar categóricamente el origen en todos los casos, resulta indispensable que se actúe con determinación para cerrar cualquier posible vía desde la que se cometan estos delitos.
Se debe garantizar que las cárceles no funcionen como centros de operación del crimen es un paso clave para reducir la impunidad y devolverle tranquilidad a la ciudadanía y al sector productivo.
Atender esta situación con firmeza y coordinación interinstitucional es un paso clave para cortar de raíz redes criminales que afectan a miles de familias y empresas.
Para lograr lo anterior, el organismo empresarial propuso homologar nuestra legislación local con la Ley General contra la Extorsión, aprobando reformas que permitan la investigación de oficio, sin que las víctimas carguen con la denuncia.
Además, propuso crear estructuras dentro de la Fiscalía del Estado con protocolos separados para extorsión telefónica y “cobro de piso”, capacitando al personal para atender este tipo de denuncias de manera ágil y eficiente.
Asimismo, sugirió promover la cooperación entre autoridades federales y estatales para rastrear redes, congelar cuentas y bloquear líneas utilizadas por extorsionadores, además de impulsar campañas masivas para aumentar el número de denuncias, garantizando confidencialidad.
También propuso establecer o fortalecer mecanismos de ayuda legal, psicológica y protección para los afectados, entre los que se encuentran muchos empresarios, especialmente de Mipymes.
Y por último, dijo que hay que revisar y fortalecer de manera permanente los mecanismos de control en los centros penitenciarios del país para prevenir el uso de tecnología con fines ilícitos, como posibles llamadas de extorsión.
