La lucha socioambiental del momento en Monterrey tiene un nombre: #UnRíoEnElRío.
Este colectivo abreva de las luchas anteriores y encarna un ecologismo urbano-popular inédito en la ciudad, y su impacto es innegable. Su causa ha resonado no solo por su potente manejo simbólico —apoyado en recursos gráficos y sonoros innovadores—, ni solo por reivindicar la convivencia con el cuerpo de agua y las especies que lo habitan, sino, en esencia, porque su demanda es clara: justicia.
Frente al discurso oficial de “desarrollo” y “progreso”, esgrimido por el Gobierno estatal y los empresarios, el colectivo plantea una pregunta incómoda: ¿desarrollo para quién? Mientras las autoridades promueven ampliar vías para automóviles, los colectivos responden con datos científicos que desmontan los supuestos beneficios de esos proyectos.
Y, ante el mito de que Monterrey es una sociedad apática, el colectivo ha demostrado lo contrario: moviliza cientos de personas cada mes para recorrer el río Santa Catarina, reunió más de cinco mil firmas contra el viaducto elevado en Morones Prieto y logró que la SEMARNAT reconociera su consulta pública como la más participativa en la historia de la ciudad, con más de 700 aportaciones ciudadanas.
En otras palabras, frente a los intereses privados, el colectivo ha puesto sobre la mesa la justicia socioambiental: dignidad para quienes vivimos aquí y para las especies que comparten este territorio.
Su mensaje es contundente: detengan la destrucción e imaginemos otra ciudad. Una ciudad cercana, sustentable, respetuosa, peatonal, verde… un modelo radicalmente distinto al de la actual área metropolitana.
La defensa del río Santa Catarina se ha convertido en un movimiento masivo y en una crítica abierta al modelo de gobierno. El viaducto de Morones Prieto —que atravesaría Santa Catarina, Monterrey y Guadalupe— es promovido por una Asociación Público-Privada. Es decir: el gobierno no invertirá un peso; todo quedará en manos de particulares.
El proyecto no obedece a una lógica ecológica ni de interés público: es, simplemente, un negocio. Las cuotas serán administradas por los promotores, y las ganancias, para los inversionistas. Los costos, en cambio, los pagaremos todos: más contaminación y la degradación irreversible del entorno.
No sumarse a esta lucha implica aceptar la privatización de lo público, consentir que un grupo minoritario —no elegido y movido por intereses privados— decida el futuro de todas las personas que vivimos aquí.
La multitud que defiende el río está diciendo ¡basta! y reclamando su poder para cambiar las cosas: para frenar la lógica del lucro a toda costa y, en su lugar, poner la vida en el centro.
El autor es doctor en Economía Política del Desarrollo y profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey.