México se encuentra en una encrucijada fiscal crucial en 2025. Por un lado, las autoridades hacendarias reportan un inicio prometedor rumbo a lograr el cumplimiento de las metas de ingresos, gastos y déficit público para este año 2025.
Sin embargo, esta aparente stabilidad se ve amenazada por problemas estructurales que impactan directamente la capacidad del país para lograr un crecimiento sostenido y avanzar hacia un y desarrollo económico sustentable y equitativo.
El optimismo fiscal inicial, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), radica en un déficit presupuestario de solo alrededor de 106 mil millones de pesos al primer cuatrimestre de 2025.
Este logro se debe a un aumento de 275 mil millones de pesos en los ingresos presupuestarios en comparación con el mismo período de 2024, mientras que el gasto se mantuvo en niveles similares.
Este escenario se califica como “bueno y malo”; por un lado, reduce la presión sobre el aumento de la deuda pública, pero simultáneamente la disminución del gasto y la inversión pública impactan en el crecimiento económico y el empleo -en tiempos adversos de sobresalto geopolítico-. La meta para 2025 es ambiciosa: ingresos de 8.1 billones, gastos de 9.3 billones y un déficit de 1.2 billones de pesos, lo que representaría una reducción de 417 mil millones de pesos respecto a 2024.
No obstante, la viabilidad de estas metas fiscales y la prosperidad a largo plazo de México dependen de superar obstáculos fundamentales. La desconfianza institucional es un factor crítico.
La percepción pública -fomentada por la prensa tradicional-, sobre la nueva Democracia Judicial del sistema de justicia se inclina hacia el gobierno, y no hacia la ley, socava la legitimidad de las instituciones. Casos de jueces salientes bajo sospecha de daño al erario han alimentado esta desconfianza.
Si grandes empresas y contribuyentes adinerados persisten en la evasión y/o la elusión fiscal o recurren a tribunales internacionales debido a la falta de credibilidad en la justicia, el cumplimiento fiscal general se ve afectado. Además, si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es percibido como un brazo político, su autoridad se erosiona, impidiendo que la política fiscal cumpla su función impulsora del desarrollo.
Otro desafío significativo es la digitalización a medias frente a la vasta economía informal. A pesar de las inversiones en tecnología y herramientas como la facturación electrónica, más de la mitad de la actividad económica en México opera sin registro ni pago correcto de impuestos.
La prevalencia del efectivo en las transacciones diarias limita la capacidad del SAT para rastrear y recaudar impuestos, creando una desigualdad en la que el sector formal soporta la carga fiscal mientras el informal no contribuye. Esta brecha frena el desarrollo nacional y pone en tela de juicio la eficacia de la digitalización si no se acompaña de medidas para integrar a la informalidad.
La simplificación de impuestos, como el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), es una propuesta atractiva para ampliar la base de contribuyentes. Sin embargo, no es una solución aislada. Para que funcione, se requieren jueces creíbles cuya imparcialidad sea inobjetable.
También es indispensable la incorporación de la informalidad que vaya más allá de la recaudación fiscal, ofreciendo seguridad social, acceso a créditos y apoyo para que los trabajadores informales perciban los beneficios de la formalidad. Finalmente, la digitalización debe ser inclusiva, garantizando que las herramientas tecnológicas sean accesibles para aquellos con menos conocimientos tecnológicos, evitando así su exclusión.
En resumen, si bien el primer cuatrimestre de 2025 muestra un manejo inicial favorable de las finanzas públicas, la batalla fiscal de México se libra también en la consolidación de la confianza institucional, la integración de la economía informal y la expansión de una digitalización verdaderamente inclusiva.
El reto no es solo fiscal, sino de legitimidad del Estado. La experiencia de Nuevo León, como uno de los principales contribuyentes a las finanzas federales, ejemplifica la importancia de estas acciones; su capacidad para atraer inversión y generar riqueza se ve directamente impactada por la confianza institucional y un marco fiscal claro y equitativo.
Una política fiscal justa y un crecimiento y desarrollo económico nacional sostenido y próspero solo serán posibles cuando las instituciones operen con imparcialidad y equidad, garantizando que el optimismo fiscal inicial se traduzca en el impulso de la transformación del anhelado desarrollo nacional.
Julio César Puente Quintanilla es Doctor en Humanidades por la UC3M España. Con Maestría en Economía Industrial por la Facultad de Economía, UANL y SubCoordinador de la Academia de Economía de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, UANL.
Contacto: julio.puenteqn@uanl.edu.mx @JCPuenteQ
Carlos Villarreal Cabriales es Economista por la Facultad de Economía UANL, Director de planeación de Sicartsa y Director de análisis económico y desarrollo empresarial Grupo Villacero.
Contacto: carloseconomia2003@yahoo.com.mx