En cámara nacional de comercio en pequeño (Canacope Monterrey), señaló que el proceso de la reducción de la jornada laboral debe considerar la realidad operativa de las micro, pequeñas y medianas empresas familiares de la localidad, además de que para que funcione debe integrar productividad, formalidad y empleos sostenibles para Nuevo León (NL).
Catalina Domínguez Estrada, presidenta de Canacope Monterrey, dijo que la reforma para la reducción de la jornada laboral no puede discutirse sin reconocer su impacto potencial en la formalidad del empleo.
Indicó que México registra más de 32.7 millones de personas en la economía informal, lo que representa más del 55 por ciento de la población ocupada.
Agregó que aunque en NL los niveles de informalidad son menores al promedio nacional, sigue siendo un desafío: casi 38 por ciento de los trabajadores operan sin acceso a la seguridad social, financiamiento o estabilidad legal.
“Canacope Monterrey se pronuncia por una reforma que apoye la formalidad y no incentive la informalidad. El trabajo digno no se decreta, se construye con productividad”, afirmó.
Domínguez advirtió que una reforma mal implementada podría desincentivar la formalidad, presionar los márgenes operativos de micro, pequeñas y medianas empresas, y comprometer la permanencia de muchos negocios.
Según estimaciones locales, más del 70 por ciento de los negocios de Monterrey y su área metropolitana operan con menos de cinco empleados, por lo que una reducción rígida podría implicar costos laborales inasumibles, disminución en horarios de atención o despidos.
