No es difícil entender que el Poder Judicial en México sea cuestionado por su opacidad, por estar alejado de la ciudadanía y por albergar privilegios más que justicia.
Con ese pretexto, el pasado 1 de junio se dio un paso fundamental para la consolidación de una reforma sin precedentes. Por primera vez en México, 881 cargos federales de jueces, magistrados y ministros fueron elegidos mediante el voto popular, más aproximadamente otros 1,800 tantos cargos locales.
A primera vista, la iniciativa parece impulsar la democracia en el país, pero recordemos que con el uso de la herramienta más básica de un sistema democrático – el voto – se han construido dictaduras a lo largo de la historia.
Creo que vale la pena preguntarnos y tratar de responder más allá de la tradicional respuesta del oficialismo: ¿por qué se hizo esta reforma? ¿para qué se hizo? y ¿qué podemos esperar en el equilibrio de poderes en los próximos años?
Uno: ¿Por qué se hizo la reforma judicial?
Oficialmente, la reforma responde a una propuesta legítimamente entendible, esto es democratizar al Poder Judicial, porque en su sano juicio ¿quién estaría en contra de un proceso democrático? Se argumentó que el Poder Judicial estaba secuestrado por una élite, y que mediante el voto popular se romperían redes de corrupción y se impulsaría una justicia más cercana al pueblo y más transparente.
Sin embargo, hay razones que van más allá del discurso institucional. La reforma fue promovida tras años de tensiones entre el expresidente López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Corte anuló reformas clave en el sexenio de AMLO y fue un evidente contrapeso para detener ocurrencias caudillistas de un partido con visión totalitaria, como lo ha descrito describe Enrique Krauze. No es casualidad que, derivado de esas tensiones surgiera una reforma que reconfigurara al Poder Judicial. Para muchos, no fue una transformación por principios democráticos, sino una respuesta política, una forma de venganza contra un poder que osó oponerse al proyecto lopezobradorista.
Dos: ¿Para qué se hizo la reforma?
En el discurso público, la reforma busca una justicia popular, sensible y plural, capaz de representar a pueblos originarios, mujeres y sectores excluidos. Se habló de abrir las puertas del Poder Judicial a nuevas voces. Pero también sabemos, o al menos no es difícil imaginarlo, que uno de los verdaderos objetivos fue lograr el control de la Corte. Elegir ministros afines, con respaldo del partido en el poder, puede asegurar sentencias favorables a reformas constitucionales, blindaje de megaproyectos, debilitamiento de organismos autónomos y, si fuera necesario, reinterpretación del marco electoral.
El resultado de la elección confirma esas sospechas pues se tuvo una muy baja participación ciudadana. Según datos del INE votaron 12,965,574 personas, esto es el 13.02 por ciento de la lista nominal y adicionalmente, se registró más del 10 por ciento de votos nulos. En concreto, bajo cualquier medida, ya sea por abstención o apatía, podemos decir que el 87 por ciento de las personas con capacidad para votar le dieron la espalda a la reforma del Poder Judicial. Lo que es difícil de entender es ¿por qué la presidenta Sheinbaum y su partido dicen que las elecciones fueron todo un éxito? ¿será por qué ahora tienen un Poder Judicial aliado?
Nuestro sistema presidencial se basa en una división de poderes, un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial.
En el modelo anterior, y en el que siguen muchos países, los ministros de la corte son propuestos por el Ejecutivo y son confirmados por el Legislativo; y la legitimidad de su envestidura radica al menos en tres factores: uno, en la preparación y conocimiento técnico acumulado por años de experiencia; dos, en la pulcritud profesional con la que han desempeñado sus funciones, y tres, en el hecho de que los dos poderes (Ejecutivo y Legislativo) seleccionan a dicho miembro de la Corte.
Sin embargo, ahora las y los candidatos que obtuvieron relativamente solo un puñado de votos (entre 5 y 6 millones) serán quienes ocupen los más altos cargos del Poder Judicial y sean (al menos espero que lo intenten) un contrapeso en esta división de poderes.
Tres: ¿Qué podemos esperar?
México podría enfrentar una profunda transformación en el balance de poderes. Si la Corte se convierte en una extensión del Ejecutivo, la lógica de contrapesos republicanos se debilitará grave y gradualmente.
Las reformas constitucionales propuestas por el partido en el poder podrían avanzar sin revisión real. La judicialización de controversias electorales, presupuestales o sobre derechos fundamentales podría resolverse con criterios alineados políticamente a la nueva élite del poder.
Desafortunadamente creo que, en lugar de tener una justicia ciudadana, podríamos estar caminando hacia una justicia subordinada. Triste y peligrosamente la promesa de democratización puede terminar en un modelo autoritario con fachada electoral.
Aunque quizá la pregunta más importante de todo esto, no es ¿qué hará el nuevo Poder Judicial? Más bien, si nosotros, como sociedad mexicana tendremos la capacidad —y la voluntad— de exigirle al Poder Judicial que esté realmente al servicio del derecho y al cuidado de La Constitución, y no al servicio y mandato de quien ostente el poder.