Durante las pasadas semanas, una serie de eventos económicos, políticos y sociales se entretejieron en nuestro país para incidir sobre esa delicada línea de flotación del bienestar social inmediato de los hogares: el poder adquisitivo del ingreso medido a través de una inflación moderada.
A pesar de que Banco de México redujo su tasa de referencia una vez más, mostrando un nivel de optimismo que muchos especialistas han señalado excesivo, en esta entrega reflexionaremos un poco sobre los efectos esperados y observados de la reciente iniciativa del gobierno de EE.UU. para gravar las remesas, las próximas elecciones nacionales para elegir a magistrados y jueces, y el repunte en los indicadores de crimen en nuestro país que, lamentablemente, continua cobrando víctimas incluso en funcionarios públicos de primer nivel.
La iniciativa en discusión en Washington para imponer un gravamen a las remesas internacionales inicialmente del 5% y actualmente discutiendose en el 3.5% apunta —al menos en el discurso de las autoridades norteamericanas— a financiar medidas de mayor control migratorio. Sin embargo, sus consecuencias económicas para México serían regresivas y contraproducentes.
Las remesas representan la principal fuente de dólares para el país sumando más del 3% del PIB; lo que es más, éstas constituyen una fuente clave de consumo, inversión en capital humano y amortiguación ante shocks para los hogares receptores.
Desde el punto de vista microeconómico, gravar las remesas equivale a encarecer un canal de apoyo intrafamiliar entre migrantes y hogares locales.
Quien terminará pagando dichas remesas no es el gobierno receptor, sino las familias de menores ingresos que dependen de ese flujo para subsistir, en comunidades cuyas oportunidades económicas son sumamente restrictivas.
A largo plazo, la medida puede incentivar el uso de canales informales, disminuir la bancarización y debilitar la inclusión financiera.
Por otra parte, en el canal social, las próximas elecciones de magistrados y jueces por voto directo de la población genera una tensión estructural innecesaria entre democracia y estado de derecho. Si bien la participación ciudadana es un pilar fundamental de la construcción de un estado, los sistemas judiciales requieren criterios técnicos, independencia y estabilidad para consolidarse en la impartición de justicia.
Cuando el poder judicial se somete a las lógicas electorales – ganar puestos a base de votos- los incentivos para impartir justicia imparcial se ven severamente comprometidos pudiéndose traducir en un deterioro en la calidad del sistema judicial, politización de sentencias y una menor eficiencia procesal.
Desde una perspectiva económica, esto se traduce en mayor incertidumbre jurídica en la defensa del derecho, desincentivos a la inversión y pérdida de confianza en los contratos. Así, el costo no es solo institucional, es también fiscal y productivo, incidiendo además en las expectativas inflacionarias.
Finalmente, el asesinato reciente de funcionarios públicos de alto nivel en nuestro país, en un contexto de alza sostenida en homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados, es una señal alarmante que añade más presión al proceso inflacionario.
Más allá de la lectura política, la inseguridad tiene efectos económicos profundos: encarece la operación de las empresas, desincentiva el turismo, erosiona el valor del capital físico y humano, y, en muchos casos, provoca migraciones forzadas que alteran la composición del mercado laboral.
Los datos muestran que los municipios más violentos presentan menor crecimiento económico, mayor informalidad y menores niveles de inversión pública y privada.
En economías con bajo dinamismo y grandes desigualdades, la violencia funciona como un impuesto regresivo que, al igual que la inflación pagan más quienes menos tienen.
Cada uno de estos temas —las remesas, la reforma judicial, y el repunte en la violencia— pone a prueba la solidez institucional de nuestros países y su capacidad para generar reglas estables, equitativas y predecibles que contribuyan, entre otros temas, a reducir las presiones inflacionarias.
Como se ha comentado en este mismo espacio, es importante insistir en que los incentivos importan, y que políticas mal diseñadas, por más buenas que sean sus intenciones, pueden tener efectos no deseados y persistentes.
Lo que está en juego no es menor: se trata de la calidad de vida de millones de hogares y la posibilidad de construir una economía más incluyente y resiliente, bases fundamentales del desarrollo sustentable.