Las recientes declaraciones del ex presidente Zedillo, señalando que la 4T está asesinando la Democracia en México, calaron profundamente a la encargada de la presidencia, y como es costumbre, la reacción se centró en desacreditar al mensajero, no al mensaje, y el tema elegido fue el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPRA), argumentando que estos recursos, más que apoyar a los ahorradores y deudores de los Bancos, beneficiaron a los banqueros, despilfarrando recursos públicos y asumiendo deuda que aún sigue gravitando pesadamente en las finanzas gubernamentales.
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe había trabajado fuertemente para refinanciar la deuda externa, para bajar la inflación y el déficit público, al grado de que ya para su último año de gobierno, 1994, la inflación y los Cetes ya habían llegado a niveles de un dígito.
Un tema que estaba en proceso de corrección, era una moderada sobrevaluación del tipo de cambio del peso frente al dólar, no más de 30% al inicio de 1994, que ya se estaba corrigiendo mediante deslizamientos graduales en la paridad, y en ese último año, el tipo de cambio se depreció en un 10.6%, pasando de $3.11 pesos por dólar a principios de año, a $3.44 al 1 de Diciembre, cuando concluyó el sexenio.
No obstante lo anterior, antes de que entrara en funciones el Gobierno de Zedillo, buscaron que Salinas devaluara y dejara un tipo de cambio más cercano a una paridad de equilibrio, pero no lo consiguió.
Para no hacer largo el cuento, el primer Secretario de Hacienda de Zedillo, Jaime Serra Puche, reveló a empresarios la intención de dejar la paridad en libre flotación, pero fue convencido de devaluar en el porcentaje requerido, y el 20 de diciembre se ajustó el tipo de cambio de $3.46 a $3.97 un 16% de devaluación, sin embargo, se inició una fuerte especulación contra el peso, ya que el Gobierno Federal había estado emitiendo deuda pagadera en dólares, (Tesobonos) y se temía que no tuvieran divisas para amortizarlas.
Al día siguiente, 22 de diciembre, la paridad ya estaba en $4.80, llegando a $5.50 días después, ante la falta de conducción gubernamental apropiada, que solo abonaba más a la incertidumbre y fomentaba la especulación.
Inicia 1995 con una paridad de $5 pesos por dólar, y finaliza el año a $8.30 pesos por dólar, acumulando el dólar una apreciación del 54% tan solo en 1995, producto de un torpe y desaseado manejo de la crisis.
Serra Puche solo duró 28 días como Secretario de Hacienda y se ganó el apodo del “Cete”.
Obviamente, la inflación se disparó a 52% en 1995, y tan solo en el mes de abril, se tuvo un aumento en los precios de casi la misma magnitud que en todo 1994, y no sería sino hasta el último año de gobierno, que pudieron bajar de nuevo la inflación a niveles de un dígito.
La inflación le rompe la columna vertebral a los Bancos, ya que el pago de intereses crece exponencialmente, y hace impagables los créditos. En marzo de 1995, la TIIE llegó a 89.5%. Un pago de intereses al 10%, que pasa al 90%, aumenta en 9 veces, es decir, por cada peso que se pagaba de interés, ahora hay que pagar $9, cuando en el mejor de los casos, el ingreso crece linealmente, con la inflación.
Los acreditados dejan de pagar los créditos, sube la cartera vencida de los bancos, y técnicamente están en quiebra, por lo que el Gobierno debe actuar de manera inmediata para evitar un colapso financiero.
Salinas dejó un problema, que Zedillo convirtió en crisis, y si el causante de la crisis fue el Gobierno Federal, por un manejo económico y financiero deficiente, propiciando la especulación y las corridas contra el peso, justo es que ayude a remediar el problema de los bancos.
El FICORA lo creó Salinas desde 1990, pero nunca había operado, y no es hasta 1995, cuando se empezaron a instrumentar programas de apoyo ante la abrupta subida de las tasas de interés, que generaba problemas de insolvencia y quebrantos.
Al principio el FICORCA se empezó a utilizar con el programa de Ventanilla de liquidez en dólares, el cual proporcionó unos $3,900 millones de dólares en apoyos en 1995, sin costo final para el erario.
Posteriormente se instrumentaron programas de apoyo a deudores, (ADE) para beneficiar a usuarios de créditos en general, incluso a Estados y Municipios, y conversión de créditos a Unidades de Inversión (UDIS). En apoyo a Bancos con problemas, se aplicó el Programa de Capitalización Temporal (PROCAPTE) en 1996, que incluía compra de cartera vencida de los bancos, bajo el compromiso de que los socios accionistas aportaran más capital al banco.
A este programa se destinaron $11,890 millones de pesos, y es aquí donde se especula que hubo abuso por parte de los banqueros, al pasar créditos incobrables otorgados a partes relacionadas, que generaron quebrantos donde banqueros y Gobierno compartieron pérdidas.
El programa que más recursos ocupó, fue el de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), donde FOBAPROA adquiría los derechos de cobro de la cartera del banco, y se convertía en accionista del banco intervenido.
El programa estaba orientado a respaldar los depósitos de los ahorradores, y ya para 1998 llevaba gastados $321 mil millones de pesos. Solo 4 de 13 Instituciones intervenidas cumplieron con su compromiso de capitalización, y el resto perdió su capital invertido.
El mecanismo financiero se configuró emitiendo pagarés del FOBAPROA a 10 años de vencimiento, capitalizables trimestralmente a tasa de Cetes, no negociables, avalados por el Gobierno Federal, pero como había activos involucrados, a esta deuda se le dio el carácter de “contingente”.
Por eso, otro error de Zedillo, fue enviar una iniciativa de Ley en 1998, solicitando reconocer como deuda pública estos pagarés emitidos por el FOBAPROA, cuando la Ley General de Deuda Pública ya definía que la deuda emitida por Fideicomisos del Gobierno Federal, aunque tuviera el carácter de “contingente”, se incluía como deuda pública.
El PRD se opuso, no se aprobó esta iniciativa, y es fecha de que la deuda del FOBAPROA, transferida al IPAB desde 1999, sigue sin registrarse dentro de la Deuda Pública, aunque sus intereses se pagan regularmente.
Al momento de que el IPAB asume la deuda de FOBAPROA, en diciembre de 1999, el costo del rescate Bancario sumaba ya $515,027 millones de pesos.
Un año después, al cierre del sexenio de Zedillo, en el año 2000, la deuda neta total oficialmente reconocida por el IPAB, incluyendo capitalización de intereses y créditos no recuperados, era de $695 mil millones de pesos, equivalentes al 11.9% del PIB de ese año.
Bueno, pues al mes de marzo de este año, la deuda del IPAB ya es de $1,135.2 miles de millones de pesos, por lo que eso de que se iba a pagar en máximo 50 años, es un mito, ya que el saldo sigue creciendo, ante la política de no pagar todos los intereses generados, sino capitalizarlos parcialmente.
En su defensa, las autoridades Hacendarias señalan que la deuda IPAB ya es de solo 3.2% como proporción del PIB, cuando era del 11.9%, y aparentemente la estrategia es que crezca en términos nominales menos que el PIB y que referida al tamaño de la economía, se vaya haciendo menor.
En cuanto al reporte del consultor Canadiense Michael Mackey, que mandó hacer la Cámara de Diputados, que nunca fue una “auditoría”, lo que reportó, fue que tuvo retrasos en el acceso a la información, por parte de las autoridades, y que no tuvo acceso irrestricto a la información de los bancos, ya que son instituciones privadas que tienen la protección del secreto bancario, y que no están obligadas a proporcionarle la información solicitada.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación sí realizó las auditorías correspondientes, incluyendo la de legalidad, de identidad de objeto, de existencia y de legitimidad, mismas que presentó en el documento “Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario 1995 2004” y está disponible para su consulta.
