El reciente episodio de violencia entre barras o porras de equipos de futbol de la Liga MX, ocurrida en Querétaro, por cierto, una de las plazas futboleras menos violentas de México, puso en el foco de la discusión nacional un tema tan delicado como soslayado: la contaminación delincuencial (“colombianización”) del espectáculo deportivo con más seguidores y rentabilidad en nuestro país, y muy señaladamente en nuestra ciudad, Monterrey.
Como sucede en muchas otras actividades productivas mexicanas, el futbol profesional, pese a ser una industria muy estructurada, con participantes corporativos de alta escala nacional e internacional, funciona en la práctica con un alto grado de discrecionalidad en la aplicación de reglas y leyes financieras, fiscales y laborales.
Con una “Asamblea de Dueños” omnipotente, sin contrapesos reales, con alta tolerancia a sus arbitrios por parte de autoridades políticas y deportivas locales, nacionales e internacionales (como la FIFA o el COI), la Federación Mexicana de Fútbol maneja su negocio con prácticas que en el resto del mundo son opuestas y, en algunos casos, se consideran hasta ilegales. Enumero algunas de dichas prácticas:
1.- Empresas televisoras y en general de medios son dueñas de equipos.
2.- Empresas concesionarias de centros y aplicaciones de apuestas deportivas operan y poseen equipos. El grupo Caliente, por cierto, posee la franquicia queretana.
3.- Hay consorcios propietarios de más de un equipo de futbol. Tanto Atlas (Orlegi) como Querétaro (Caliente) son propiedad de consorcios multifranquiciados.
4.- No hay un organismo independiente y con facultades que revise el cumplimiento de normas y protocolos de seguridad para los jugadores y aficionados.
Con estos rasgos de operación de nuestro futbol, realmente habíamos corrido con mucha suerte para que un incidente como el del Estadio Corregidora no hubiera sucedido antes y con mayor gravedad.
Las industrias con baja supervisión gubernamental, alta rentabilidad y discrecionalidad de dueños son los blancos más apetecibles para las organizaciones delictivas, los cárteles.
Por lo anterior, no puede sorprendernos que las evidencias que van surgiendo acerca de El Incidente de La Corregidora apuntan crecientemente a la injerencia de cárteles en el mismo.
“Lo de Querétaro no fue un pleito normal entre porras, se ve diferente”, dijo Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, estado sede del Club Atlas, cuya porra (”La 51″) fue la principal víctima de la violencia queretana.
Los testimonios en redes sociales de miembros de “La Resistencia Albiazul”, la barra queretana agresora en este incidente, señalan que el acto violento fue planeado anticipadamente, y que se pretendía menos intenso, aunque al final se les salió de control y el caso fue noticia mundial.
Los mismos testimonios indican que había cooperación del personal de seguridad del estadio para llevar a cabo la agresión, pues desde un día antes del partido los barristas sabían que les abrirían las rejas separadoras de localidades para que pudieran entrar al espacio donde se sentarían los barristas del Atlas. Incluso, se afirma que los guardias les permitieron guardar un día antes dentro del estadio armas cortantes y piedras, y que los elementos uniformados de resguardo se abstendrían de intervenir al momento de las agresiones.
Esta conspiración para agredir a una barra por parte de otra, con la connivencia ni más ni menos que de los encargados de proteger a los aficionados y a los jugadores, muestra que se ha institucionalizado la violencia en nuestro balompié, pues las barras, en su mayoría reciben apoyo formal e informal de los clubes para existir, y se han terminado por convertir en otro flanco de la corrupción y la violencia que azotan nuestra vida como nación.
Si no se toman acciones contundentes para enderezar estas prácticas en nuestro futbol, sin limitarse a medidas que no llegan al fondo del problema, como las recientemente anunciadas por la Femexfut, nos estaríamos aproximando al trágico punto en el que cayó el futbol colombiano en 1994, en el que una organización criminal se sintió con la impunidad suficiente para ejecutar en la cancha, durante un partido, al prometedor seleccionado de ese país Andrés Escobar, que pagó con su vida haber anotado un autogol en el Mundial de ese año en Estados Unidos.
Muchas barras son dirigidas por personas con nexos y antecedentes criminales, y en la de Querétaro se han señalado y evidenciado ese tipo de conductas y registros entre sus líderes.
Si volteamos a otro lado y no actuamos para evitar un mayor empoderamiento delincuencial en las actividades deportivas, lo lamentaremos por generaciones.