En las pasadas semanas los diputados del PRI y del PAN, de la actual legislatura estatal propusieron al interior del Congreso, hacer cambios a la Constitución Política del Estado de Nuevo León.
Su propósito es privar al gobernador electo, Samuel García, de las atribuciones que le permiten nombrar a los directores y personal de organismos paraestatales como Agua y Drenaje, Metrorey, Red Estatal de Autopistas, el Instituto de Movilidad y Simeprode. Estos cinco organismos manejan un presupuesto anual de casi 18 mil millones de pesos.
De acuerdo a como lo señala Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, en su Artículo 3.- “Son facultades exclusivas del Ejecutivo: Proponer en los términos del Artículo 63, fracción VIII de la Constitución Política del Estado, la creación de las dependencias, organismos públicos descentralizados y demás entidades necesarias para el despacho de los asuntos de orden administrativo y la eficaz atención de los servicios públicos así como, en su caso, la supresión de las mismas. Dentro de las disposiciones presupuestales de la Ley de Egresos, y con fundamento en la presente Ley, crear y modificar su estructura administrativa.
Asimismo, nombrar y remover libremente a los titulares de la Administración Pública Central y Paraestatal, y demás servidores públicos cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución Política del Estado o en otras Leyes del Estado.”
Entonces, si como lo dice la ley y la Constitución, estas son atribuciones exclusivas del Ejecutivo, o sea del Gobernador, ¿Qué pretenden realmente los diputados con esta propuesta?
Esta es una ocasión muy buena para que los diputados, tanto los que van de salida como los que vienen a la siguiente legislatura, puedan demostrar que realmente les interesa resolver las necesidades más apremiantes de la ciudadanía.
Sin embargo, lo que están mostrando en este momento es una avidez carroñera para poner de rodillas al gobernador electo, Samuel García, y hacerlo negociar en lo obscurito, con líderes de los partidos Pan y PRI.
Los autores intelectuales si tienen nombre: uno es el Priista Francisco Cienfuegos y el otro es el alcalde de San Nicolás Zeferino Salgado. Miembros de los mismos partidos los señalan como los autores de la maniobra política a todas luces marrullera.
El priista Héctor Gutiérrez, lo afirmó cuando dijo “Buscan ejercer presión sobre el Gobernador electo, Samuel García, y tener espacios para el sinnúmero de compromisos que tienen y que han hecho estos personajes, principalmente Francisco Cienfuegos”,
En los tiempos del priismo recalcitrante a esa maniobra de política sucia se le llamaba “darle una caladita”.
Veremos en las próximas semanas que esta iniciativa no avanzará, luego se desechará y nunca sabremos si Samuel García, antes de fungir como gobernador, se sentó con estos u otros personajes de los partidos y acordaron incluir en el gabinete alguno de los incondicionales de estos personajes, por ejemplo, a cambio de cancelar esta charada.
Estos cambios, me refiero a la elección que dejo fuera de Nuevo León al morenismo, generan una oportunidad para atender a la comunidad, para escuchar a la ciudadanía, y en lugar de eso los partidos aprovechan la situación para llevar agua a su molino.
Por parte del gobernador electo también es una oportunidad de mostrar que respeta la ley y que solo actuará dentro de los parámetros de la ley y no en lo obscurito.
Mantengamos la esperanza. Hasta la próxima.
El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM
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