CIUDAD DE MÉXICO. Durante décadas, los arraigos fueron en México una especie de purgatorio; la antesala del infierno. Una estación previa a las cárceles. Sin embargo, en el 2008 alcanzaron rango constitucional.
En esas "prisiones preventivas" el Ministerio Público podía gestionar una orden judicial para mantener cautivo a un presunto delincuente por un periodo de 40 días, pero prorrogable a 80.
Amnistía Internacional (AI) estima que unas 20 mil personas en México han sido sometidas en los últimos seis años a este tipo de detención en cuartos de hotel, domicilios, oficinas, separos, aún sin cargos.
La Procuraduría General de la República (PGR) admite que entre diciembre de 2006 y marzo de 2013, siete mil 984 personas fueron sometidas a arraigo debido a: delincuencia organizada, secuestro, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tráfico de indocumentados y posesión de vehículos robados.
Hace seis años, cuando alcanzaron constitucionalidad, los arraigos crecieron hasta 100 por ciento anualmente en promedio; esto de acuerdo con datos de la PGR, obtenidos por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) tras una solicitud de acceso a información pública.
El arraigo viola las garantías constitucionales y por ello seis organizaciones civiles enviaron un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el impacto que ha tenido en la sociedad mexicana exigiendo su absoluta derogación.
AI deploró que en México, "el Ministerio Público pueda recluir al presunto delincuente en un centro especial por un periodo de 40 días, prorrogables a 80, por orden de un juez. Durante el arraigo, los fiscales imponen severas restricciones al acceso de los detenidos a sus familias, a abogados y a servicios médicos independientes, lo que agrava su aislamiento y acrecienta la dificultad de presentar denuncias de malos tratos y documentarlas. La CNDH dijo haber recibido más de un millar de denuncias relacionadas con órdenes de arraigo ejecutadas por la PGR entre 2009 y 2011", indicó el informe de AI.
Organizaciones civiles, entre las que se encuentran la CMDPDH y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), señalan que el arraigo flexibiliza las garantías judiciales de las personas, colocándolas en un limbo jurídico en el que no son ni indiciadas ni inculpadas.
El profesor e Investigador en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, Vicente Fernández Fernández, comenta que "tenemos centros de arraigos en todo el país, y en muchos de ellos se ha retenido a personas sin que existan realmente elementos suficientes para estar ahí.
El sacerdote dominico Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, sostiene que "el arraigo es una práctica que debe ser erradicada en México. Es una figura que atenta contra los derechos relacionados con la libertad de la persona, la legalidad, la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a un recurso efectivo, la tutela judicial, las garantías judiciales, y los derechos a la salud e integridad personal".
Hay que recordar que una de las múltiples razones que hicieron famosas, en su tiempo, a la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) de la policía capitalina y a la Dirección Federal de Seguridad (DFS), fueron las detenciones arbitrarias que posteriormente se convertían en prolongados arraigos, donde las personas permanecían incomunicadas y sujetas a tortura indefinidamente.
La Corte al quite
En las semanas anteriores, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó, por mayoría de votos que el arraigo solamente es aplicable en delitos relacionados con delincuencia organizada y su implementación está reservado exclusivamente al gobierno federal.
Los ministros analizaron la figura del arraigo, a solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien presentó dos acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas penales de Aguascalientes y de Hidalgo, que permitían a las autoridades estatales arraigar personas en casos de delitos graves.
Luego de declarar inconstitucionales ambas reformas, los ministros definieron que su resolución beneficia tanto a las personas que siguen arraigadas como a las que ya se les dictó formal prisión.
Después de que la Suprema Corte resolvió estas dos acciones de inconstitucionalidad, que modifican las legislaciones penales locales de Aguascalientes e Hidalgo, al menos cinco entidades más tendrán que modificar sus códigos penales, entre ellos el Distrito Federal.
Aguascalientes, lamenta
El gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, lamentó que la Corte "le quite dientes" a las entidades y consideró "un absurdo que se pueda aplicar a nivel federal y no local" y si bien asumió que "no había otra salida mas que acatar" la disposición, ratificó su propósito de poner a discusión el tema en el seno de la Conago, cuya presidencia asumió recientemente.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jesús Eduardo Martín, respaldó la resolución de la SCJN y atribuyó el crédito a los organismos civiles.
Hidalgo, acata
La desaparición del arraigo obliga a profesionalizar todas las áreas que participan en la integración de la averiguación previa en un periodo de 48 horas sostuvo el Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo Alejandro Straffon Ortiz, quien aseveró que "ahora ya no se detiene para investigar, se investiga para detener".
Expuso que en el caso de Hidalgo se había reducido el arraigo de 40 a 15 días, por lo que no habrá problema en acatar la decisión de la Suprema Corte.
