Fueron liberadas 32 de las 40 personas detenidas en Guadalajara, Jalisco, el 15 de noviembre, tras la marcha de la denominada Generación Z.
La Fiscalía General del Estado de Jalisco no pudo acreditar con datos de prueba que la mayoría de las personas arrestadas cometieran o participaran en el delito que se les imputaba.
A Ocho de los detenidos se les dictó la vinculación a proceso por el presunto delito de “daño a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos”. A siete de ellos se les dictó prisión preventiva justificada por seis meses:
- Rogelio Alejandro ‘N’.
- Adrián ‘N’.
- Ricardo ‘N’.
- Felipe ‘N’.
- Juan Alejandro ‘N’.
- Josué Yair ‘N’.
- Héctor Gerardo ‘N’.
A Jonás Emmanuel ‘N’ se le otorgaron medidas cautelares diversas.
Algunos familiares de las personas detenidas en Guadalajara —y en la Ciudad de México— denunciaron que las autoridades realizaron detenciones arbitrarias. En sus testimonios señalaron una serie de inconsistencias al momento de la detención.
La Fiscalía de Jalisco recordó que el delito imputado está previsto en el “Artículo 52 en relación al 33 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco informó que abrió una carpeta de investigación horas antes de la liberación de las 32 personas. Afirmó que el día de los hechos personal del organismo acudió al Palacio de Gobierno para “acompañar a personas detenidas, asegurando atención médica”, pero evitó emitir una postura sobre lo ocurrido.
De las personas entrevistadas ese día 18 expresaron si deseo de continuar con el proceso de la queja contra las autoridades jaliscienses.
¿Qué pasó con los menores detenidos en la marcha de Guadalajara?
Otro grupo de cuatro menores de edad, que presuntamente participó en hechos vandálicos, permanece internado en un albergue y en espera de que la autoridad jurisdiccional fije fecha para la imputación.
El miércoles 19, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, afirmó que las personas detenidas pertenecían a un grupo de choque financiado y provenientes de otros estados.
“¿Quieren venir aquí al estado? Pues aquí se van a quedar. Se van a quedar y se van a quedar porque las penas por lo que hicieron van entre tres y 10 años. Se van a quedar un buen rato. ¿Querían venir a ocasionar desmanes? Ahora se van a quedar y no vamos a permitir que se libere a esta bola de delincuentes, delincuentes pagados”, declaró el gobernador sin presentar pruebas.
