El caso de dos niños tzotziles retenidos por el DIF Capullos ha puesto en el centro de la controversia a la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, luego de que activistas señalaran presunto maltrato institucional y exceso de requisitos para devolver a los menores a sus padres.
La disputa inició el 3 de julio, cuando la Fiscalía de Nuevo León, en un cateo realizado de noche, retuvo a tres menores de edad bajo el argumento de que podrían ser víctimas de una red de trata de personas. Dos de ellos, una niña de dos años y un niño de uno, fueron trasladados al DIF Capullos.
En ese entonces, se informó que los menores se encontraban en condiciones inadecuadas y justificó su resguardo como una medida de protección. Incluso, Rodríguez difundió en sus redes sociales imágenes y mensajes en los que aseguró que se trataba de un “rescate” de niños originarios de Chiapas.
“Se desmanteló toda una red de trata de niños que tenían trabajando en cruceros. […] Yo agradezco a la Fiscalía, pero les insisto que tiene que haber detenidos para que podamos sentar un precedente”, dijo la titular de Amar a Nuevo León.
La narrativa oficial comenzó a desmoronarse. Activistas denunciaron que la medida había sido desproporcionada y que los niños fueron separados de sus padres por la falta de actas de nacimiento, un requisito que en comunidades indígenas, como las tzotziles, suele ser inexistente por la falta de acceso a servicios públicos.
La activista y exsecretaria de Participación Ciudadana, Ximena Peredo, cuestionó que el DIF y la fiscalía trataran a la familia como sospechosa de trata de personas y sometieran a los menores a un resguardo sin una orden judicial clara.
Las pruebas genéticas realizadas a inicios de julio confirmaron que los menores eran hijos biológicos de los adultos con quienes vivían, pero el DIF Capullos estableció nuevas condiciones para devolverlos: que los padres tramiten actas de nacimiento y que su vivienda cumpla con estándares mínimos de habitabilidad.
La organización Zihuame Mochilla, que acompaña a la familia afectada, denunció que la situación se ha prolongado injustificadamente.
Agrega que existen al menos 30 niños tzotziles detenidos en operativos similares, bajo la sospecha de mendicidad o explotación.
Aunque Mariana Rodríguez ha insistido en que el DIF actuó conforme a la ley, enfrenta críticas por la falta de sensibilidad hacia la comunidad tzotzil en Nuevo León.
Ni la fiscalía estatal, a cargo de Javier Flores, ni la titular de Amar a Nuevo León han reconocido de manera pública la equivocación ni pedido disculpas o reparado el daño a las familias afectadas.
