Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal local, para incrementar las penas, hasta en 40 años, a quienes cometan delitos sexuales y priven ilegalmente de la libertad a menores de edad.
La iniciativa de reforma fue enviada al Congreso de Guerrero por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el pasado 8 de marzo en carácter de preferente, y aseguró que es para “honrar la memoria de Camila”, una niña de 8 años de edad que el 27 de marzo del año pasado fue secuestrada en Taxco de Alarcón y horas más tarde localizada sin vida“.
Al momento de firmar la iniciativa, la mandataria estatal refirió en un vídeo difundido en sus redes sociales, que el objetivo de dicha reforma es “para evitar que la violencia machista continúe impune”.
El hecho provocó indignación de los habitantes de la ciudad platera, quienes al conocer a través de las redes sociales donde se encontraban los supuestos perpetradores del delito, los sacaron del lugar y los golpearon. Una de las agredidas, Ana “N”, perdió la vida y dos personas más fueron detenidas y procesadas.
Nuevas penas por delitos sexuales contra menores en Guerrero
Las reformas establecen penas de 12 a 40 años de prisión por violación equiparada, 12 a 17 años por abuso sexual, y de 4 a 10 años por hostigamiento y acoso sexual, con multas que van de 100 a 950 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de la reparación del daño.
La iniciativa propone que cuando se trate de privación ilegal de la libertad, si esta excede las 24 horas, la pena se incrementará un mes por cada día adicional; si se utiliza violencia física o moral, o la víctima es mayor de 60 años o está en situación de vulnerabilidad, la pena será de 3 a 7 años y 6 meses de prisión, y si la víctima es menor de 18 años, la pena será de 4 a 10 años de prisión y una multa de hasta 500 días de la UMA.
Del mismo modo, se agravan las penas cuando la víctima pertenece a un pueblo indígena o afromexicano, y cuando el delito es cometido por servidores públicos, quienes serán destituidos e inhabilitados por un periodo igual al de la pena impuesta.
Fue la diputada Luissana Ramos Pineda, como integrante de la Comisión de Justicia, la encargada de fundamentar el dictamen, quien señaló que estas reformas representan un avance firme para garantizar sanciones más severas y efectivas contra quienes vulneren la integridad de la infancia y la juventud guerrerense.
Agregó que con estas modificaciones se fortalece la protección de niñas, niños y adolescentes, ya que agrava las penas por delitos sexuales y privación ilegal de la libertad contra estos, y con ello se reafirma el compromiso por consolidar sus derechos y dar certeza jurídica.
“Este decreto no solo fortalece el marco legal de Guerrero sino que también envía un mensaje claro e inquebrantable que en el Estado no hay cabida para la impunidad”, apuntó la diputada morenista.
