La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) permanece en paro desde el pasado 30 de septiembre, para exigir que las autoridades atiendan las múltiples demandas presentadas relacionadas a la violencia de género que estudiantes viven en sus planteles.
Agrupados colectivamente en Facultades Unidas UAQ, los estudiantes solicitan a las autoridades universitarias que dejen “la frialdad, omisión y apatía” para garantizar un espacio seguro y una vida libre de violencias dentro de la máxima casa de estudios de Querétaro.
Además exigen que las autoridades universitarias emitan disculpas públicas por la negligencia, revictimización, encubrimiento, impunidad, persecución académica e ineficiencia en casos reportados en la Unidad de Atención de Violencia de Género (UAVIG).
Por toda respuesta, la UAQ se ha negado a despedir a docentes y administrativos señalados de cometer manipulación, acoso y hostigamiento.
“No se cortarán cabezas como moneda de cambio”, aseguró la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca.
Estudiantes acusan inacción de autoridades
El paro estudiantil y la toma de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro estalló la mañana del pasado 30 de septiembre de 2022, motivado por la falta de atención que las autoridades universitarias han tomado respecto a las más de 300 denuncias por violencia de género presentadas en sus distintos planteles.
Dicha protesta detonó luego de que la Unidad de Atención de Violencia de Género (UAVIG) determinó que una estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ tomara clases en línea tras ser amenazada con un arma de fuego por parte de su ex pareja, otro estudiante de la misma Facultad, que sólo fue cambiado de turno como medida cautelar.
Los y las estudiantes denunciaron que las autoridades universitarias protegen a quienes cometen este tipo de conductas delictivas y que dan carpetazo cuando hay denuncias.
Días después del inicio del paro de labores en la Universidad Autónoma de Querétaro, los estudiantes integrantes del colectivo Facultades Unidas denunciaron haber sido víctimas de hostigamiento y amenazas por parte de grupos de choque que fueron presuntamente enviados para desestabilizar su movimiento.
- El pasado 8 de octubre, Facultades Unidas presentó un pliego petitorio en el que, entre otras demandas, exigieron la renuncia de cuatro académicos y administrativos:
-Gonzalo Martínez García, abogado general de la UAQ.
-Fernando Rocha Mier, coordinador de la Escuela de Bachilleres plantel Concá.
-Juan Joel Mosqueda Gualito, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales, quien es investigado por la Fiscalía de Querétaro por un caso de agresión sexual.
-Alejandro Ramírez Reséndiz, contralor.
- El 11 de octubre, en una columna televisiva que la rectora Teresa García Gasca tiene en el noticiero universitario “Presencia Universitaria” expresó que “no se cortarán cabezas como moneda de cambio”.
Ese mismo día, los paristas le respondieron que su petición no era una moneda de cambio sino “un voto de confianza” y que contaban con la asesoría legal necesaria para sostener sus señalamientos contra los académicos y directivos.
- El 12 de octubre, los paristas se negaron a recibir a una “comisión de mediación conformada por personas expertas en materia de género y derechos humanos” que les propuso Rectoría, pues dijeron que “no se les tiene confianza”, ya que sus exigencias de renuncia de los cuatro funcionarios y docentes universitarios “han sido ignoradas”.
- El 13 de octubre, Facultades Unidas reiteraron que su movimiento no es un capricho. “Queremos regresar en un entorno seguro”, expresaron.
- El 14 de octubre, tras el reconocimiento que la Fiscalía de Querétaro hizo sobre la responsabilidad del catedrático Juan Joel Mosqueda Gualito en un caso de agresión sexual, la Rectora Teresa García Gasca mencionó que se iniciaría un proceso al interior de la UAQ para investigar a fondo el caso.
Pero también, en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, las autoridades universitarias señalaron que no se puede condicionar la entrega oficial del pliego petitorio con la renuncia de los funcionarios porque “al interior de la Universidad Autónoma de Querétaro no existe ningún procedimiento administrativo o presentado ante alguna instancia contra los funcionarios mencionados”.
Además enfatizaron que tampoco “se han presentado pruebas sobre las acusaciones que se han hecho públicas; salvo un solo caso que, se sabe, sigue proceso en la Fiscalía del Estado y que ya se está investigando”.
Asimismo, informaron que, pese a no haber recibido de manera formal el pliego petitorio, sí están trabajando en ofrecer respuestas a cada una de las demandas expresadas públicamente por las, les y los estudiantes paristas.
Frente a esta postura, paristas recordaron a las autoridades que el paro “no es un capricho”, pero señalaron que no se pueden iniciar los diálogos en el estado actual de la administración universitaria porque eso “significaría negociar con agresores y violentadores de sus derechos”.
Para este próximo 27 de octubre, la Rectoría está convocando a un foro público para actualizar el protocolo para atender las violencias de género al interior de la comunidad universitaria.
Docentes apoyan a estudiantes paristas
Los docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, se pronunciaron por el respeto al paro que llevan a cabo Facultades Unidas, además de que se comprometieron a que no habría represalias en contra de quienes participan.
Integrantes de la comunidad docente de las distintas academias, áreas y campus de la Facultad de Derecho reconocieron que la violencia de género es “una problemática social que aqueja a nivel local, nacional e internacional, y la Universidad Autónoma de Querétaro es un reflejo de ello; en ese sentido, “expresamos nuestra empatía y reconocimiento al movimiento que nace de un reclamo legítimo de la comunidad estudiantil”.
Además, señalaron que el movimiento ha hecho evidente la insuficiencia de los mecanismos institucionales con los que se cuenta. Asimismo, reconocieron que este hecho también es una oportunidad para que se generen acciones y mecanismos para atender no sólo la violencia de género, sino todos los tipos de violencia.
