Puebla, Pue.- La fundación Mary Street Jenkins denunció penalmente a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado y al denominado rector interino de la Universidad, Armando Ríos Piter, por fraude a la ley y desacato a un mandato judicial, que se habría cometido al auspicio del gobernador Luis Miguel Barbosa, quien – asegura la gente de la misma fundación – tiene el objetivo de apropiarse del patrimonio de la Institución.
Así lo informó el vocero de la citada Fundación, Enrique Rodríguez, en entrevista concedida a EL FINANCIERO en la que calificó de “cobarde” el intento del gobierno por descalificar los fallos jurídicos a favor del Patronato original de la institución educativa.
Señaló que desde el inicio la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado violentó el estado de derecho del Patronato de la Universidad al pasar por encima de dos suspensiones definitivas que impedían cualquier acción de nueva posesión sobre el patrimonio de la Fundación, que incluye la Universidad.
“Pese a ello, intervinieron para crear un patronato espurio que designa a un rector que viene viciado de origen (…) No hay quien pare los atropellos, es inadmisible, se acusa y señala sin presentar una sola prueba”.
Destacó que justo por ello un juzgado federal les concedió una suspensión provisional que obliga al nuevo Patronato impuesto por el gobierno estatal, y a Armando Ríos Piter, a devolver las instalaciones de la institución al Patronato original, sin embargo, hay una negativa para ello y por tanto un evidente desacato.
“Ante ello hay ya una reacción del equipo jurídico de denunciar penalmente un fraude a la ley y el desacato a la determinación, y es interpuesta contra la Junta y contra Armando Ríos Piter”, dijo.
“Están incumpliendo una suspensión vigente otorgada por un juzgado federal y en esto tiene que ver Ríos Piter, se están abriendo carpetas de investigación porque violentar una resolución de un juez federal constituye un delito federal”, agregó.
Dentro de los argumentos de la contraparte para no acatar el ordenamiento legal está que fue dictado por un Secretario de Juzgado y no un juez, ante lo cual Enrique Rodríguez reviró y calificó de “cobardes” a quienes tratan de desacreditar el mandato.
“El tema de intentar descalificar una suspensión de amparo regulado por el Consejo de la Judicatura es una cobardía. La Ley de Amparo prevé que se pueden habilitar secretarios en funciones de juez de distrito, el poder judicial ha habilitado a decenas como jueces de distritos por la situación de la pandemia, está regulado y el Consejo de la Judicatura lo avala, es cobarde desacreditarlo, les duele porque los obliga a regresar el campus”, enfatizó.
En este contexto, arremetió de forma directa contra el gobernador Luis Miguel Barbosa, al destacar que al final es quien está detrás de las acciones en contra de la Fundación en un intento de quedarse con sus bienes, con un discurso falso de que los recursos pertenecen al gobierno, «tiene de objetivo y de fondo apropiarse de patrimonio privado».
Asimismo, reveló que la citada Junta de Asistencia ni siquiera tiene jurisdicción para todo su actuar sobre la Fundación Mary Street Jenkins y el Patronato, pues justamente por una persecución que emprendió el otrora gobernador Rafael Moreno Valle la Fundación se vio obligada de cambiar su domicilio fiscal al estado de Jalisco.
“Siendo que el domicilio fiscal de la Fundación no está en Puebla, la Junta de Asistencia no tiene jurisdicción sobre la Fundación y mucho menos sobre la Universidad”, concluyó.
