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Ruiz Esparza debe aclarar 22 anomalías en Paso Exprés

Los daños alcanzan mil 34 millones de pesos y el plazo legal para arreglar cualquier irregularidad vence el 17 de noviembre, advierte la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, informó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene hasta el 17 de noviembre próximo para aclarar las 22 irregularidades detectadas en el socavón del Paso Exprés, situado en Cuernavaca, Morelos.

La funcionaria precisó que los daños causados alcanzaron un monto de mil 34 millones de pesos.

Gómez indicó que el plazo para que la SCT solvente las observaciones detectadas a la ampliación de este libramiento, que cobró la vida de dos personas en julio pasado tras formarse un socavón, se extendió debido a los sismos del 7 y 19 de septiembre.

"La fecha de vencimiento era el 13 pero se prolongó debido a los sismos que ocurrieron", señaló la secretaria, al comparecer ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, para analizar el V Informe de Gobierno.

Gómez González expuso que existen ocho expedientes de investigación, dos iniciados el 21 de julio con base en dos premociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, "que nos remitió la Auditoria Superior de la Federación, y también tenemos una iniciada en Banobras, para conocer lo relativo a la contratación del proyecto ejecutivo".

Resaltó que, en una decisión inédita, se instruyó hacer del dominio público las conclusiones de la auditoría practicada y se publicaron en la página de internet de la SFP.

La secretaria expuso que en materia administrativa se investiga hasta el momento a siete servidores públicos por omisión para atender advertencias de riesgos del Paso Exprés y el proceso se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas.

"En este tema logramos detectar lo que era las faltas y lo que conducía a una presunta responsabilidad de las omisiones de los servidores públicos por atender advertencias de riesgos de la obra formuladas por vecinos del municipio de Chipitlán, Cuernavaca y la barra de abogados, entre muchos otros", precisó Gómez.

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