La eliminación de la tarifa cero de interconexión implicaría que los competidores de América Móvil desembolsen alrededor de mil 50 millones de dólares derivados del cobro retroactivo por la terminación de llamadas en la red del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones, aseguró The Competitive Inteligence Unit (CIU).
La tarifa cero de interconexión es la prohibición legal a la empresa controlada por Carlos Slim, América Móvil, en su calidad de agente económico preponderante en telecomunicaciones, de cobrar a sus competidores por la terminación de llamadas en su red.
Por ello, América Móvil promovió un amparo ante la Corte a fin de que se determine si es constitucional o no el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que le prohíbe el cobro a sus rivales.
Para CIU, un escenario en el que se invalide la interconexión tal como funciona ahora se traduce en desincentivos a la inversión del resto de los jugadores.
"Frenando e incluso cancelando el ejercicio de recursos de capital que permite incrementar la calidad de los servicios, ofrecer menores precios a los consumidores y consecuentemente, nivelar las condiciones de oferta frente al preponderante", detalló en un análisis sobre el tema este jueves.
En el caso de Telefónica, por ejemplo, calcula que por la inversión de interconexión acumulada desde agosto de 2014 a junio de 2017 es de alrededor de 343 millones de dólares, lo que representa alrededor de 1.6 veces la inversión que realizó tan sólo en 2016.
Este escenario, a decir de la consultora presidida por Ernesto Piedras, llevaría al operador español a no invertir en México en año y medio para solventar el pago.
"Más aún, revertir el marco regulatorio actual, sería una medida contrarreformista que iría en contra del mandato Constitucional de alcanzar un escenario de acceso universal a las telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación (TIC) en condiciones de cobertura, calidad, competencia, interconexión, libre concurrencia, entre otras condiciones de eficiencia en la operación del sector", subrayó CIU.
La firma augura que al confirmarse la legitimidad y constitucionalidad de la medida, la Corte reconozca las consecuencias negativas para los competidores, consumidores y la economía mexicana en su conjunto.
Por ello, espera que a partir de entonces la autoridad judicial emita una resolución que asegure la consecución en el largo plazo de los beneficios registrados con la entrada y permanencia del actual régimen asimétrico de interconexión.
