La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no sólo ha generado incertidumbre en el sector, sino también un conflicto laboral que amenaza con escalar, ya que más de 133 trabajadores de libre designación, algunos de los cuales tienen más de una década de servicio, no han recibido una indemnización conforme a la ley, mientras otros fueron liquidados y luego recontratados de forma temporal ante la falta de claridad en el proceso de extinción.
De acuerdo con trabajadores del órgano regulador, el caos administrativo marca el cierre del IFT.
A principios de septiembre, diversas áreas fueron instruidas para entregar sus equipos de cómputo bajo el argumento de que el Instituto dejaría de operar el 15 de septiembre. La orden fue revertida días después por el propio comisionado presidente, Javier Juárez Mojica, sin explicación oficial.
Una nueva fecha —el 30 de septiembre— reactivó la supuesta extinción y comenzaron a dar finiquitos a 800 empleados que firmaron la conclusión de su relación laboral.
Sin embargo, ante la ausencia de nombramientos para la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) —apenas el gobierno presentó un grupo de candidatos– muchos de esos trabajadores fueron llamados de vuelta, ahora bajo contratos eventuales y sin certeza sobre su permanencia.
“A muchos de los compañeros que ya habían recibido sus finiquitos los llamaron de vuelta, pero ahora bajo esquemas temporales, sin ninguna certeza de cuánto tiempo estarán vigentes esos contratos”, explicó un trabajador del organismo que pidió el anonimato.
Dentro del Instituto, la confusión es generalizada porque hoy en día “hay áreas operando apenas con el 40 por ciento de su personal, trámites regulatorios suspendidos y una dirección que desconoce los plazos reales de cierre”, comentó la fuente.
“La extinción del IFT debe darse en las mejores condiciones, sin condicionar los derechos laborales de los trabajadores. Lo que veo es que esta incertidumbre puede extenderse al mercado, generando retrasos en nuevas inversiones y debilitando la competencia”, sostuvo Mario Alejo Pedraza, profesor de la UNAM especializado en Derecho Laboral y Derecho Burocrático.
“Somos 133 trabajadores de libre designación, muchos con más de 10 años de servicio. Hemos cumplido nuestra labor y solo exigimos una indemnización justa”, dijo un empleado de libre designación del IFT que exige ser indemnizado conforme marca la ley.
Por ahora, los trabajadores esperan que los comisionados del IFT resuelvan su situación antes de que se concrete el nombramiento de los 5 comisionados de la CRT, de lo contrario, “nos vamos a organizar y manifestarnos a través de todas las vías legales”.
