La expansión de la sustentabilidad en el sector inmobiliario creció en los últimos 10 años, acompañado del crecimiento de los sellos verdes y el potencial que ofrecen los impuestos verdes.
Esta inercia representa un avance en nichos como la vivienda donde actualmente existen 56 mil 722 viviendas y casi 80 mil ecocasas, equivalentes a 4.5 millones de m2 con certificación EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) muchas de las cuales accedieron a líneas de crédito verde por sus esfuerzos en atender con acciones específicas en pro del medio ambiente.
Con deuda pública en viviendas con esta certificación participan también CADU y ARA.
Sin embargo, otros bienes raíces comerciales en México, como parques industriales, principalmente, han sido relevantes para el avance de EDGE, un proceso iniciado en México en 2014 con un programa piloto de Vinte, que 3 años después fue lanzado formalmente.
Además de la vivienda, existen 7.2 millones de m2 con este sello verde que se suman al 63 por ciento de los edificios de oficinas clase A de nueva construcción en América Latina con certificación verde, de acuerdo con el reporte Edificios verdes en América Latina JLL.
Por su parte, los “impuestos verdes” son considerados una herramienta para reforzar ingresos propios a los Estados y atender el reto de la contaminación ambiental.
De acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), actualmente hay 18 entidades que aplican este tipo de contribuciones, frente a las siete que lo hacían en 2021.
Son tributos, también conocidos como impuestos ecológicos, aplicados a la extracción de materiales del suelo y subsuelo, la emisión de contaminantes al aire, agua o tierra, y el depósito o almacenamiento de residuos.
Su objetivo es recaudar recursos y desincentivar prácticas contaminantes.
En estados como Nuevo León, la recaudación superó en 2023 más de 2,000 millones de pesos, aunque los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana de Monterrey continúan en aumento. Esto evidencia que, sin una gestión clara y transparente, los recursos no necesariamente se traducen en mejoras ambientales palpables.
“El gran reto de los impuestos verdes no es únicamente recaudarlos, sino garantizar que los recursos estén etiquetados para proyectos ambientales concretos y medibles. Solo así la ciudadanía y las empresas podrán ver beneficios tangibles: aire más limpio, mejor gestión de residuos, transporte público sostenible”, dice Sigfredo Corral, Consultor del Despacho de Asuntos Públicos, DAP.
El debate sobre el uso de estos impuestos es relevante en un contexto en el que las finanzas estatales dependen más de un 80 por ciento de transferencias federales.
Según el CIEP, en promedio, los ingresos estatales provienen en un 82 por ciento de dichas transferencias, 4 por ciento de deuda y apenas 14 por ciento de ingresos propios.
Especialistas advierten que, para que los impuestos verdes cumplan su doble función, se requieren tres condiciones clave: un diseño técnico sólido que facilite el cobro, transparencia en el destino de los recursos y políticas públicas que realmente impacten en la vida de las personas.
Por sus atributos, los impuestos ecológicos podrían convertirse en un modelo replicable que fortalezca las finanzas locales e impulse un desarrollo más sostenible.
