El gobierno consolidó un andamiaje legal que le permitiría expandir sus capacidades de vigilancia con un alcance sin precedentes, advirtió Vladimir Chorny, investigador de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
“Si nosotros nos quedamos sólo con la Ley de Telecomunicaciones y no miramos a las otras leyes que se aprobaron, nos perdemos de piezas que son centrales para integrar este nuevo sistema de vigilancia sin controles que no tiene precedentes”, señaló Chorny durante su participación en La Silla Roja.
Agregó que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) funcionaba ya como una base que habilitaba mecanismos de vigilancia estatal, pero las nuevas reformas aprobadas ampliaron este sistema sin que exista un marco efectivo de supervisión.
“Desde el gobierno se nos ha dicho que toda intervención de las comunicaciones requiere de una autorización judicial vía el artículo 16 constitucional, lo cual es cierto. Pero el problema en la práctica es que las autoridades consideran como intervención de comunicaciones privadas únicamente el contenido de las llamadas o el texto de los mensajes”, advirtió.
En contraste, los metadatos (como la duración de una llamada, la ubicación desde donde se hizo, los dispositivos conectados o la geolocalización de los usuarios) sí pueden ser vigilados por la autoridad sin intervención de un juez.
“Todos estos datos que son hipersensibles terminan revelando información que es protegida por la ley de protección de datos, porque revelan cuestiones ideológicas, políticas, de salud, etcétera”, enfatizó.
El nuevo marco legal de seguridad incluye reformas clave que amplían el rol de las Fuerzas Armadas en labores de inteligencia. De acuerdo con el investigador de R3D, la Ley de la Guardia Nacional y una modificación al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, refuerzan atribuciones que antes habían sido consideradas inconstitucionales.
“En la reforma a la Guardia Nacional se restablecieron facultades como operaciones encubiertas para obtener pruebas, a pesar de que la Suprema Corte ya había declarado estas prácticas contrarias a los principios de presunción de inocencia y no autoincriminación”, advirtió.
Incluso, dijo, se otorgaron al Ejército facultades explícitas para realizar tareas de inteligencia de manera amplia en ámbitos que antes se consideraban ilegales.
