El verdadero muro que impide resolver el déficit de 600 mil viviendas en México no es técnico ni financiero, sino político y legal. Así lo advirtió Fernando Soto-Hay, director de Tu Hipoteca Fácil, al señalar que la corrupción y la incertidumbre jurídica son claves para detonar la inversión inmobiliaria. Durante su participación en el MEET POINT: Regularización de inmuebles por parte del Infonavit, organizado por El Financiero, el experto denunció que en municipios como Valle de Bravo los costos de construcción se elevan hasta 20 por ciento debido a la extorsión y la corrupción.
Además, alertó que regularizar viviendas invadidas podría enviar un mensaje equivocado: “premiar actos ilegales”.
Soto-Hay señaló que aunque en el país existe un déficit de 600 mil viviendas “la realidad es que hay espacio para que Infonavit y otros organismo hagan sus viviendas, sí lo hay (...) El Infonavit se puede enfocar a un mercado, pero la realidad es que se ha construido muy poca vivienda en México porque no hay certidumbre jurídica a la inversión”, dijo.
El experto expresó preocupación por la cartera vencida del Infonavit, que alcanza el 18 por ciento, lo que equivale a cerca de un millón de créditos. Según Soto-Hay, muchas de estas viviendas han sido abandonadas por los propietarios, quienes dejaron de pagar o entregaron las propiedades a instituciones financieras.
Sin embargo, criticó que el plan del Infonavit para regularizar más de 843 mil viviendas abandonadas podría enviar un mensaje equivocado. “Para que Infonavit diga voy a tomar estas más de 800 mil viviendas es premiar el acto ilegal (...) lo que dice el Infonavit es ‘no se preocupen, invadan y nosotros los vamos a regularizar’”, advirtió.
El Infonavit planea implementar un esquema para regularizar viviendas abandonadas, ocupadas y vandalizadas, con el objetivo de recuperarlas y comercializarlas bajo un programa de renta con opción a compra. Según datos del Instituto, en México existen 843 mil inmuebles abandonados, de los cuales 145 mil están ocupados por inquilinos que no son los propietarios originales y 23 mil han sido vandalizados.
De acuerdo con el Instituto en el país existen 843 mil inmuebles abandonados en todo el país, de los cuales se han censado 168 mil unidades a junio. De estas, 145 mil viviendas se encuentran ocupadas o habitadas por inquilinos que no son dueños originales de las propiedades, mientras que 23 mil se encuentran totalmente vandalizadas.
“Es fácil criticar con la vida resuelta”: Concanaco defiende reforma del Infonavit
Para Octavio de la Torre Stéfano, presidente de la Concanaco-Servytur, las críticas contra la reforma del Infonavit surgen muchas veces desde el privilegio y la desconexión con la realidad de quienes viven en la marginación.
Durante su participación en el MEET POINT: Regularización de inmuebles por parte del Infonavit, el representante de la Concanaco-Servytur, organismo que ha defendido las bondades de la reforma del Infonavit, sostuvo que quienes critican las reformas al Infonavit lo hacen desde el odio y desde el poco entendimiento que tienen sobre la realidad de las personas que viven con menos recursos.
“Siempre van a existir quienes por odio o por ideología no van a estar de acuerdo. Incluso muchas veces es fácil cuando se critica a alguien que está en la pobreza o que no tiene oportunidad o que no tiene un lugar donde vivir, eso es fácil, sobre todo si lo vemos desde la perspectiva de quien que tiene una vida económica resuelta, como somos muchas veces los empresarios o los dueños de negocios, pero muchas veces no nos imaginamos cómo sobreviven las personas que viven marginadas”, dijo de la Torre Stéfano.
Agregó, que en su opinión es necesario fortalecer al Infonavit para que construya vivienda, pero abundó que, cualquier solución para reducir este déficit en el país debe partir del respeto a la propiedad privada, al principio de seguridad jurídica y al debido proceso, “me parece que eso no está a discusión”, dijo.
Sobre la regularización de los inmuebles abandonados y que han sido ocupados por otras personas defendió que, primero se debe proteger el derecho de los acreditados originales de la propiedad, mediante programas de reestructura de préstamos. “La solución tiene que combinar la legalidad y el tema de justicia social”, dijo.
