La nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública permitirá al gobierno acceder de forma directa y sin control judicial a información digital de la población, incluyendo datos telefónicos, biométricos, bancarios, de salud, geolocalización y registros comerciales y empresariales, lo que ha encendido las alertas de especialistas en derechos digitales.
“Esta ley marca la consolidación de un sistema de vigilancia masiva por parte del Estado mexicano. Preocupa la facultad que se brinda al Ejército para realizar tareas de inteligencia y, por otro lado, el esquema de vigilancia masiva de la población que se construye a través de la CURP biométrica, para el cual no requieren autorización judicial para obtener datos personales”, advirtió Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.
La nueva normativa impone a empresas de telecomunicaciones, bancos y prestadores de servicios privados la obligación de entregar información sensible mediante convenios o requerimientos formales.
La combinación de este marco con otras reformas como la modificación a la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, refuerzan las facultades de las Fuerzas Armadas en labores de inteligencia, sin que existan mecanismos claros de fiscalización ni contrapesos.
Maldonado explicó que el riesgo aumenta por la falta de control judicial que existe actualmente con la nueva Corte, así como por la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lo que hace suponer que esta plataforma pueda ser utilizada con fines políticos,
“Estos datos pueden ser utilizados en contra de voces disidentes; en años recientes hemos visto los casos de Pegasus, donde quedó claro cómo se utiliza contra periodistas y defensores de derechos humanos”, advirtió el director de Artículo 19.
Recordó que el uso de tecnología de espionaje ha sido una constante en todos los sexenios, lo que convierte a esta nueva legislación en una amenaza directa a la privacidad y la libertad de expresión.
