El impuesto a remesas del 3.5 por ciento que impulsa el presidente Donald Trump está a un paso de ser realidad, pues el pasado jueves la Cámara de Representantes del Congreso de EU aprobó el plan fiscal del republicano, que ahora será discutido en el Senado.
De aprobarse esta medida, el impuesto a las remesas acabará con la tasa cero. Esto quiere decir que la tarifa generaría un impacto negativo en el poder adquisitivo de millones de familias mexicanas.
¿De qué forma? Por ejemplo, este impuesto se sumaría al cargo actual de entre 5 y 10 por ciento que ya cobran los servicios de transferencia como Western Union y MoneyGram, utilizados por migrantes para enviar dinero a sus familias.
Por si fuera poco, tiendas como Walmart, Chedraui, Soriana y La Comer, así como cadenas receptoras como Waldo’s, Western Union, Oxxo y Grupo Elektra con Banco Azteca, se verían afectadas por esta medida.
Las remesas son recibidas en tiendas que se destinan a la compra de despensa, admitió Leonardo Zenteno, director de Medios de Pago y Servicios Financieros de Waldo’s.
Waldo’s, que cuenta con más 890 puntos de venta en México, no cobra comisión por pago de remesas, ni la apertura de cuenta, sino que el dinero enviado desde el extranjero se entrega al beneficiario.
“Las personas que reciben dinero del extranjero a través de nuestro servicio de remesas se destinan principalmente a cuatro necesidades básicas: alimentación, vestimenta, educación y vivienda. Dado que la alimentación es la prioridad, nuestros más de 60 mil clientes que realizan transacciones de remesas en Waldo’s“, expresó en entrevista.
Con información de Karla Rodríguez
Impuesto a remesas del 3.5%: ¿En qué consiste el plan fiscal de Trump?
El megaproyecto de ley busca extender las exenciones fiscales de Trump en su primer mandato (2017-2021) y añade nuevas rebajas, como las exenciones a las propinas y a los pagos para comprar automóviles fabricados en Estados Unidos.
Incluye un incremento en los fondos para el manejo fronterizo y la aplicación de la dura política migratoria del presidente republicano, así como restricciones a los programas de ayuda de comida y de asistencia sanitaria Medicaid y Medicare, entre los temas más polémicos en las negociaciones.
El plan incluye un polémico impuesto del 3.5 por ciento a las remesas enviadas fuera del país, que han provocado nuevas críticas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que lo considera “una injusticia” y una acción “discriminatoria” que afectaría a los migrantes mexicanos.
Además, estipula un aumento en el límite de exenciones a impuestos locales y estatales, otro de los puntos de discordia entre legisladores.
Según la más reciente proyección de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO en inglés), el proyecto de ley sumará 2.4 billones de dólares en 10 años a la deuda nacional, que actualmente se estima en más de 36 billones de dólares.
Para compensar este gasto, la legislación busca recortar la financiación a programas de seguridad social en más de 1 billón de dólares en 10 años.
Analistas advierten que la nueva legislación podría imponer recortes de unos 500 mil millones de dólares al Medicare para mantener el déficit dentro de los márgenes legales fijados por el Congreso.
Con información de EFE
