La Operación Caudal desplegada en 48 municipios del Estado de México permitió clausurar 189 inmuebles utilizados para la extracción y comercialización ilegal de agua, entre ellos 51 pozos y 138 tomas clandestinas, sin que las acciones afectaran el suministro que llega a los hogares a través de la red pública.
De acuerdo con autoridades estatales, el servicio se mantiene estable y la red operada por organismos municipales y la CAEM no registra interrupciones.
El operativo, impulsado por la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y coordinado con dependencias federales, estatales y municipales, tuvo como objetivo romper las cadenas de comercio ilícito que lucraban con un bien público.
Estas prácticas, además de ser ilegales, provocaban la sobreexplotación de pozos y el desbalance en la presión del sistema, afectando el abasto regular en distintas colonias.
Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México revelaron que los puntos intervenidos estaban vinculados a organizaciones que operaban bajo fachada sindical, como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, “Los 300”, “Libertad”, “25 de Marzo”, “22 de Octubre” y “Chokiza”.
Estas agrupaciones acaparaban el líquido y lo revendían en pipas a sobrecosto, llegando a cobrar hasta 59 por ciento más en municipios como Ecatepec.
En entrevista con medios de comunicación, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reiteró que el combate a estas prácticas no busca afectar a quienes trabajan de forma legal, sino poner orden y garantizar que el agua llegue de manera justa y segura a la ciudadanía.
“No es querer afectar a quien da trabajo, da un servicio, pero sí es regularlo”, sostuvo al señalar que quienes operen conforme a la ley no deben preocuparse y que habrá acompañamiento para regularizar a quienes lo necesiten.
Con la Operación Caudal, el Gobierno del Estado de México marca un precedente en la defensa del derecho ciudadano al agua y en la recuperación de un recurso público que, durante años, fue controlado por intereses privados. De acuerdo con la Maestra Delfina Gómez Álvarez, su administración está dispuesta al dialogo gracias a la disposición de presidentes municipales, Fiscalía, CAEM y CONAGUA.
