La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó este jueves la entrega de 120 viviendas destinadas a grupos y organizaciones de pueblos indígenas residentes en la capital del país, un acto que simboliza —dijo— el cumplimiento de derechos fundamentales y el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México con la justicia social, la inclusión y el bienestar de todas las comunidades.
Las viviendas se ubican en cuatro predios: tres en el Centro Histórico y uno más en la colonia Guerrero, zonas emblemáticas que reflejan el esfuerzo por garantizar que las familias más necesitadas puedan habitar en el corazón de la capital y no sean desplazadas hacia la periferia.
Durante su mensaje, Brugada Molina adelantó que el próximo año se impulsará un nuevo eje de política habitacional, consistente en un programa de subsidio a la vivienda, que funcionará como apoyo directo para jóvenes que buscan rentar, para sectores populares que desean acceder a una vivienda sin contar con los recursos suficientes, y también para la población pensionada, cada vez más afectada por el incremento de las rentas en distintas zonas de la ciudad.
“Hacemos realidad que en este gran corazón de la Ciudad de México y del país podamos tener a la población que más necesita con vivienda digna. Cumplimos al menos tres derechos: el derecho a la vivienda, el derecho social y el derecho a la justicia”, expresó la mandataria capitalina.
¿A qué comunidades beneficiará la entrega de viviendas en CDMX?
Brugada Molina resaltó que esta entrega tiene un significado especial porque se realiza en una ciudad pluricultural, plurilingüística y pluriétnica, donde la diversidad es un rasgo de identidad.
En este sentido, las viviendas fueron destinadas a grupos indígenas de origen otomí, mazahua, purépecha, wixárica, chontal, tzotzil y triqui, comunidades que desde hace años residen y contribuyen a la vida social y cultural de la capital.
¿Qué colonias de la CDMX se verán beneficiadas?
Ante vecinas y vecinos de la calle San Jerónimo, explicó que la entrega comprende 56 viviendas en las calles San Jerónimo; en Isabel la Católica, 40; en Academia, 16, en el Centro Histórico, así como ocho en la calle Sol, colonia Guerrero, con precios que oscilan entre 464 mil y 700 mil pesos, lo que demuestra —recalcó— que la ciudad está logrando producir vivienda social de alta calidad a bajo costo.
“¿Qué significa esto? Que la Ciudad de México está produciendo vivienda social a favor de los que menos tienen y con un proyecto que garantiza que con menos recursos se hace más, porque se trata de un gobierno honesto y que destina los recursos públicos a quienes más lo necesitan y de la mejor manera. Es decir, es un gran esfuerzo entre organización social y gobierno”, puntualizó.
En este contexto, la jefa de Gobierno subrayó que la construcción de vivienda social se ha convertido en un instrumento de transformación urbana y justicia territorial, que permite no sólo dotar de espacios dignos a las familias, sino garantizar que las comunidades indígenas y de bajos ingresos permanezcan en el centro de la ciudad, donde se encuentran sus redes sociales, laborales y culturales.
Destacó que el proyecto de Isabel la Católica representa un modelo innovador de desarrollo urbano, ya que combina la vivienda con espacios productivos.
En este predio, el diseño arquitectónico contempla departamentos en los niveles superiores y una plaza comercial en la planta baja, con el objetivo de que las y los inquilinos tengan un espacio adecuado para vender sus productos sin necesidad de ocupar la vía pública, fortaleciendo la economía familiar y la convivencia comunitaria.
Finalmente, Brugada Molina recordó que la política de vivienda del gobierno capitalino contempla tres líneas estratégicas: la construcción de vivienda digna y asequible, el mejoramiento de vivienda mediante créditos accesibles y el apoyo a familias que cuenten con un predio propio para edificar o ampliar su vivienda en uno o dos niveles adicionales.
Con ello —afirmó—, se busca multiplicar las oportunidades de acceso a la vivienda, combatir la especulación inmobiliaria y garantizar el derecho a habitar la ciudad en condiciones de igualdad.
