La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acusó que, entre las personas que acudieron a la marcha contra la gentrificación en la colonia Hipódromo Condesa, hubo grupos de choque pagados con el único objetivo de “desestabilizar”.
La mandataria no hizo una acusación directa sobre quién estaría detrás del patrocinio a estos supuestos grupos de choque, que realizaron destrozos y robaron en algunos comercios, sin que hubiera detenidos.
“Grupos pagados por alguien, lo que se quería era desestabilizar, robar, violentar zonas que hoy están siendo cuidadas, más iluminadas con los programas que tenemos en la alcaldía, con comentarios sumamente racistas”, dijo en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.
Sin ofrecer demasiados detalles, aseguró que la mercancía robada de los establecimientos apareció ofertada a través de plataformas digitales como Facebook Marketplace.
Estimaciones que hizo con los empresarios que resultaron afectados sugieren que las pérdidas provocadas por daños y robo de productos ascienden hasta los 2 millones de pesos.
Aclaró que fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quien dio la indicación de retirar a los elementos de seguridad que pertenecen a la alcaldía y que los responsables de dar seguimiento a la manifestación serían agentes de dicha dependencia.
“Se volvió un entorno muy violento (...). Pidieron a nuestra policía que se retirara del lugar y nos dijeron que se iban a hacer cargo de esta manifestación”, compartió la alcaldesa Rojo de la Vega.
¿Cómo se vivió la primera marcha contra la gentrificación en la CDMX?
El pasado viernes 4 de julio, un grupo de manifestantes se dio cita en el Parque México para reclamar la presencia de extranjeros, el encarecimiento de los servicios y el precio de la vivienda en la zona, que provocó el desplazamiento de los capitalinos.
Los inconformes llevaron carteles y lanzaron consignas como “Aquí se habla español”, “No a la voracidad inmobiliaria” y “Fuera gringos”.
Decenas de personas denunciaron el aumento desmedido en las rentas y el turismo inmobiliario a través de aplicaciones de hospedaje como Airbnb, que, por lo lucrativo del negocio, provocó el desplazamiento de los antiguos residentes.
Conforme avanzaba la protesta, un grupo reducido de inconformes realizó pintas y destrozos en establecimientos, casas y automóviles estacionados.
El problema de la vivienda asequible en la Ciudad de México y el turismo inmobiliario obligó al gobierno a regular el hospedaje y poner un tope al alojamiento temporal. Ley que fue aprobada en octubre de 2024, pero faltan acciones para garantizar vivienda y servicios en varios puntos de la capital del país.
