Laredo, Texas.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está utilizando una nueva herramienta tecnológica que preocupa a algunas organizaciones civiles. Se trata de Mobile Fortify, una aplicación tecnológica que permite identificar a las personas a través del reconocimiento facial o la lectura de huellas dactilares, haciendo uso de la cámara de un teléfono.
La existencia de esta app fue revelada por el medio digital 404 Media, que, de acuerdo al New York Times, es una empresa formada por reconocidos reporteros tecnológicos, estos tras obtener correos internos del ICE enviados a personal de Operaciones de Deportación y Control de Aduanas (ERO). En dichos documentos se explica que Mobile Fortify permite verificar identidades biométricas en tiempo real mediante un teléfono móvil proporcionado por la agencia, sin necesidad de equipos adicionales.
El sistema emplea la misma tecnología de reconocimiento facial que se utiliza en aeropuertos para verificar identidades al ingresar o salir del país. Sin embargo, el uso de esta tecnología dentro del territorio estadounidense por parte de agentes migratorios plantea un escenario sin precedentes: otorga a los agentes la posibilidad de escanear personas en calles, plazas o durante operativos, sin necesidad de intervenirlas o informarles previamente.
Nathan Freed Wessler, subdirector del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), advirtió sobre los riesgos de este despliegue tecnológico. “El uso de reconocimiento facial por parte del ICE podría provocar arrestos injustos debido a la poca fiabilidad de esta tecnología, la cual, según señaló, nunca fue autorizada por el Congreso para usarse de esta forma”, indicó el abogado.
Uno de los elementos más controvertidos del sistema es su capacidad de conectarse a grandes bases de datos biométricos del gobierno. Esto permite comparar los rostros y huellas de una persona con registros de más de 270 millones de individuos mediante algoritmos de inteligencia artificial. No obstante, hasta ahora no está claro cómo opera su llamado “modo de entrenamiento”, ni si este se limita a capacitar a los agentes o también será destinado a recolectar nuevos datos biométricos que alimenten y refinen los algoritmos del sistema.
Según el reporte de 404 Media, la aplicación comenzó a desarrollarse durante la administración de Donald Trump, en el marco de sus políticas migratorias más restrictivas y la imposición de cuotas de arrestos dentro del ICE.
El uso de Mobile Fortify ha generado una ola de críticas por sus implicaciones legales, éticas y sociales. Diversas organizaciones advierten que capturar datos biométricos, como rostros o huellas, en espacios públicos y sin consentimiento puede interpretarse como una forma de vigilancia masiva, lo que podría vulnerar protecciones constitucionales. Además, la falta de transparencia y de garantías claras para el manejo de esta información abre la puerta a abusos, filtraciones o usos indebidos del sistema por parte de las autoridades.
¿Qué tan segura es la aplicación?
También preocupa el riesgo de los llamados falsos positivos: donde la tecnología de reconocimiento facial tiene márgenes de error que podrían derivar en detenciones equivocadas y consecuencias legales injustificadas. A ello se suma la vigilancia sin supervisión ciudadana, que refuerza prácticas estatales opacas y un efecto inhibidor en espacios públicos, ya que saber que se puede ser escaneado en cualquier momento puede generar miedo y retraimiento, por el riesgo de que la aplicación confunda a individuos con delincuentes.
Finalmente, existe un alto riesgo de perfilamiento racial. El hecho de que esta herramienta pueda dirigirse de manera desproporcionada hacia personas o comunidades que no se ajustan a ciertos estándares físicos preconcebidos y refuerza patrones de discriminación asociados a grupos de migrantes o de determinadas minorías que suelen ser objeto de prejuicios.
La expansión de herramientas como Mobile Fortify refleja una tendencia creciente en Estados Unidos hacia el uso de tecnologías biométricas en tareas de seguridad y control migratorio, aun en ausencia de una legislación clara que regule su alcance, uso y límites.
