La administración de Donald Trump solicitó al tribunal comercial de Estados Unidos que rechace una demanda presentada por pequeñas empresas que impugnan los aranceles globales del presidente, argumentando que los jueces no tienen la autoridad para revisar la emergencia nacional que invocó para justificar los amplios gravámenes.
Las empresas están cuestionando indebidamente la veracidad de la afirmación del presidente Donald Trump sobre una emergencia nacional, “invitando a que el poder judicial cuestione el juicio del presidente”, dijo el Departamento de Justicia en una presentación, el martes 29 de abril por la noche, en el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.
Trump intenta desmentir las acusaciones de que su guerra comercial se basa en una falsa emergencia y, por lo tanto, es ilegal. El republicano de 78 años impuso los aranceles tras afirmar en una orden ejecutiva que los déficits comerciales estadounidenses se habían convertido en una grave amenaza para la seguridad nacional y la preparación militar.
“El Congreso se designó a sí mismo —no al poder judicial— como el organismo encargado de supervisar las declaraciones de emergencia y la idoneidad de la respuesta del presidente”, dijo el gobierno.
La presentación se produce mientras Wall Street continúa recuperándose de los impuestos de Trump, así como de una serie de retrasos y retrocesos. Se espera que las interrupciones del suministro afecten a los consumidores estadounidenses en los próximos meses, especialmente después de que Estados Unidos aumentara los impuestos a China al 145 por ciento.
¿Habrá enfrentamiento con Donald Trump por aranceles?
La demanda se encuentra entre varias presentadas por grupos conservadores de defensa legal en nombre de las pequeñas empresas. Una orden judicial representaría un duro revés para una de las políticas económicas emblemáticas de Trump y podría desencadenar otro enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y judicial.
La demanda contra Trump y su administración se presentó a principios de este mes en respuesta a sus órdenes ejecutivas del “Día de la Liberación” que implementaban los aranceles.
Las empresas argumentan que el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles es inconstitucional y que la emergencia que declaró es producto de su propia imaginación.
La demanda refuerza la postura de Trump sobre el uso de la ley de emergencia, alegando su preocupación de que los déficits comerciales estadounidenses hayan comprometido la preparación militar y la postura de seguridad nacional del país.
Cualquier intervención judicial en el asunto socavaría la capacidad del presidente para utilizar sus poderes en asuntos exteriores para proteger la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos, según la demanda.
¿Quiénes analizarán la impugnación arancelaria?
El tribunal comercial especializado de Nueva York ha asignado la impugnación arancelaria a un panel de tres jueces, uno designado por Trump, otro por Barack Obama y otro por Ronald Reagan.
La semana pasada, el panel rechazó la solicitud de las cinco pequeñas empresas representadas por el Liberty Justice Center para suspender de inmediato los aranceles de Trump, argumentando que las empresas no demostraron que los gravámenes les causarían un daño inmediato e irreparable.
Aun así, las empresas ahora han pedido una medida cautelar más duradera contra los aranceles y que se dicte sentencia a su favor sin necesidad de juicio.
Un grupo de fiscales generales estatales demócratas también presentó una demanda ante el mismo tribunal. Un juez solicitó a los estados que respondieran a la demanda presentada por las pequeñas empresas ante el gobierno antes del 7 de mayo, aunque no están obligados a hacerlo. La administración debe responder antes del 12 de mayo.
La administración está tratando de transferir otros casos que se presentaron en tribunales del distrito federal al Tribunal de Comercio Internacional, argumentando que tiene “jurisdicción exclusiva” sobre disputas arancelarias.
EU desestima demanda de las empresas
Estados Unidos afirmó que la demanda de las empresas se basa en las “opiniones personales de las compañías sobre la teoría económica” respaldadas por su concepción de un “consenso económico dominante”.
“Pero si eso es así es precisamente el tipo de juicio que recae en las ramas políticas del gobierno”, afirmó Estados Unidos.
Los abogados del Departamento de Justicia también argumentaron que, si el tribunal comercial otorga una orden judicial temporal contra la administración, esta debería ser limitada, de modo que se aplique únicamente a los demandantes en el caso, y no a nivel nacional.
Estados Unidos instó al tribunal a exigir a las empresas el pago de fianzas equivalentes al monto de los posibles aranceles para continuar con su demanda si el caso avanza.
