QUERÉTARO, Qro.— En esta entidad federativa hay alrededor de 25 mil personas que ahorran en cajas populares que no se encuentran supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), señaló el gerente del Consejo Cooperativo y de Economía Solidaria del estado de Querétaro (CCESQ), César Ramírez Peredo.
Refirió que en el país existen alrededor de mil cajas populares que operan sin el aval de la CNBV, aunque "no hay estadísticas precisas de parte de la autoridad".
En Querétaro se estima que trabajan alrededor de cinco cajas —una que opera en la capital del estado y el resto en el interior— que no están registradas en el Comité de Supervisión Auxiliar de la CNBV ni en el Fideicomiso de Protección a los Ahorradores, y que dan servicio a aproximadamente 25 mil personas.
"Puedo asegurar que de las cinco, dos se manejan de manera honesta, son cajas que no desvían los recursos de los ahorradores", aseveró.
El experto señaló que tanto la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) como la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) y otras legislaciones que regulan al sector financiero popular, presentan fallas, por lo que no se han podido evitar fraudes recientes como el de Ficrea, Caja Crescencio Cruz y la 30 de Agosto.
Comentó que aunque desde noviembre pasado la CNBV generó un anteproyecto para fortalecer la regulación de las cajas a través de la LRASCAP, donde se busca que haya mayor rigidez para las cooperativas de nivel básico que estaban exentas de la regulación, en la práctica se puede ver que es una minoría las que operan bajo los términos que expone la ley.
"De las mil cajas que operan en el país poco se conoce, porque no están en federaciones. Muchas de ellas no cumplen ni con lo mínimo que exige la LRASCAP y siguen captando recursos", expuso.
Aclaró que "no todas representan necesariamente un peligro de fraude para los socios, debido a que tienen muchos años operando sin la regulación de la autoridad".
La situación que se vive en Querétaro, dijo, es un ejemplo lo que ocurre en el sector de ahorro y crédito popular del país, aunque es en Oaxaca donde se da mayor irregularidad.
Afirmó que el fraude de la Caja Popular 30 de Agosto, ocurrido en Querétaro en febrero pasado, se pudo evitar, debido a que desde 1999 el sector se dio cuenta de los malos manejos financieros que ahí se daban, "y no se sabe porque la autoridad no intervino a tiempo".
"La caja no estaba oculta, era de un tamaño significativo, y al estar en la ciudad de Querétaro sus operaciones eran visibles. Faltó ahí la aplicación de la autoridad, de salirse de la oficina y de sus actividades burocráticas, y llevar acabo la búsqueda de cooperativas que operan sin autorización. Además, esa caja estaba dada de alta como contribuyentes en el Servicio de Administración Tributaria", aseveró.
