QUERÉTARO, Qro.— Este 10 de febrero se cumplieron dos años de que la Caja 30 de Agosto cerró sus puertas, defraudando a más de seis mil familias queretanas.
En rueda de prensa, un grupo de socios afectados acusaron al exgobernador del estado, José Calzada Rovirosa, de haber presentado ante el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago) documentos apócrifos para recuperar parte de los ahorros.
Patricia Mastache Villalobos, socia de la caja, habló en nombre de los afectados, y aseguró que "el gobierno de Calzada bloqueó las iniciativas para conocer el estado real de la cooperativa, se encargó de correr rumores para fabricar una verdad que nunca ha tenido sustento, e inició un ilegal trámite ante el Fipago para la recuperación de una parte de los ahorros de los socios que aceptaron este dinero".
Afirmó hoy tienen en su poder dos actas de asamblea apócrifas que el gobierno de Calzada ingresó ante Fipago.
En la primera, se cambió la razón social de la Caja 30 de Agosto y se hizo el cambio de los consejos de administración y de vigilancia; mientras que en la segunda supuestamente se determinó la insolvencia de la cooperativa.
"Sin embargo, tenemos constatado con testimonios de socios que aparecen ahí nombrados, que nunca se convocó ni estuvieron en esa supuesta asamblea y mucho menos fueron electos en ningún cargo. No se cumplieron los requisitos mínimos para convocar a asamblea que son marcados en los estatutos de la sociedad cooperativa, por lo que de fondo es nula esta acta."
Detalló que los socios informaron en su momento a Fipago sobre esta situación, "pero no detuvo el proceso ni investigó sobre nuestra advertencia".
LAS AUDITORÍAS
Por otra parte, informó que otro de los documentos que por ley debió ser entregado a Fipago fue una auditoría de la cooperativa. Hasta ahora sólo han podido tener acceso a la auditoría administrativa, realizada por la empresa Kreston, pero no a la contable.
En el informe indica que examinó la documentación que incautó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en la Caja 30 Agosto, por un periodo de 21 años, un mes y 10 días y que no se determinó una reducción drástica de los activos disponibles e inversiones en valores por causas distintas a la operación habitual que tuvo hasta el 10 de febrero de 2014 y hasta por seis meses anteriores a la fecha de su insolvencia.
De acuerdo con el reporte, la solvencia minó por tres causas: causas externas, denuncias penales presentadas por los ahorradores y el no cumplimiento del postulado básico del negocio en marcha.
"Si el gobierno del licenciado Calzada presentó ante Fipago esta mediocre auditoría con irregularidades, ¿cómo estará la auditoría contable realizada a la caja? Se debió revisar mínimamente el balance general, los estados de resultados, el flujo de efectivo y la variación de capital contable para poder declarar la insolvencia", cuestionó.
Finalmente, informó que los afectados realizarán un plantón a las afueras de Palacio de Gobierno para pedir al gobernador, Francisco Domínguez Servién, la audiencia prometida en tiempos de campaña, así como una copia de la auditoría realizada a la caja por la anterior administración, documento que debió haber recibido el gobierno en el proceso entrega-recepción.
