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Luego de tres días de debatir la constitucionalidad de las normas que permiten solicitar la geolocalización de los teléfonos celulares en tiempo real y sin orden judicial previa, aún no se decide si esa facultad estará acotada por la Suprema Corte.
Por lo anterior la ministra ponente, Margarita Luna Ramos, ofreció modificar su proyecto original para incluir las visiones y consideraciones de ambos bloques de ministros y presentarlo el jueves, con el fin de lograr un consenso mayoritario que resuelva los puntos pendientes al momento de la votación final.
Hasta el momento son ocho ministros que se han manifestado a favor y sólo tres por su inconstitucionalidad.
Cuatro estuvieron de acuerdo con la declaratoria de validez simple y llana, por considerar que no hay vulneración de las garantías fundamentales, como alega la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En tanto, los otros cuatro, si bien reconocieron que en esas normas violan derechos humanos, consideran que se trata de una violación justificada por el fin legítimo que persiguen, en cuyo caso deben cumplir con ciertos requisitos de razonabilidad y pertinencia, lo que implica una interpretación conforme a la Constitución.
Únicamente los ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Sergio Valls se pronunciaron abiertamente por declarar inconstitucionales esas normas, como lo solicitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por todo lo anterior, es incierto el resultado de la votación final, de la que dependerá si se declara la validez lisa y llana de las normas o se acota con una interpretación señalada por la propia Suprema Corte.
