Un mes después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, el peligro no ha pasado en el corazón mundial del aguacate. Las extorsiones continúan y las células del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona subieron las cuotas a los comerciantes y productores, pese al operativo federal en la región. Pero lo más grave, de acuerdo con información de inteligencia, es que ese cártel ya decidió asesinar a cuatro personas muy cercanas a Manzo, lo que muestra que los acuerdos político-criminales en Michoacán no se rompieron y que continuarán eliminando los obstáculos que se crucen con sus negocios.
La lista de la muerte la encabeza el diputado local Carlos Bautista Tafoya, muy cercano a Manzo y uno de los principales asesores de su viuda, Grecia Quiroz, que lo sustituyó en la presidencia municipal de Uruapan. Bautista Tafoya es parte del Movimiento del Sombrero y está tomando la bandera de Manzo contra el crimen organizado. Tras el asesinato, denunció amenazas y dijo en una entrevista de radio que había escuchado a personal de la fiscalía michoacana decir que “ya deberían de chingarse a este presidente”. Sucedió.
En la relación se encuentra Esteban Constantino –quien resultó herido en el atentado–. Fue diputado federal por Morena y Manzo, como alcalde electo, lo nombró –fue el primero de su gabinete– secretario de Obras y Movilidad de Uruapan. Ese puesto es estratégico desde el punto de vista criminal, por ser un área que han infiltrado para controlar los permisos de construcción y cuáles son las empresas que pueden proveer de los materiales, así como el control de los transportes para el trasiego de drogas o aguacates controlados por los cárteles. Ahí se tejen fuertes redes de corrupción al mover dinero, contratos, permisos y control territorial, y es una de las dependencias municipales que suelen tener uno de los mayores presupuestos y menor supervisión pública.
Tercero en la lista es Omar Hernández, el director de Patrimonio Municipal de Uruapan, cuyas tareas incluyen evitar que los negocios operen sin licencias y cumplan los horarios establecidos. Pero, sobre todo, la dependencia a su cargo tiene una lógica estratégica al ser la responsable de administrar la tierra, los permisos y la legalización de las propiedades, que son activos cruciales para el crimen organizado para lavar dinero, registrar propiedades con prestanombres, inflar o subvaluar predios para justificar ingresos y adquirir terrenos sin dejar rastro real del dueño. Empata con la Secretaría de Obras y Movilidad porque controlan quién puede comprar, construir, vender o llegar a vivir en un territorio.
La cuarta en esa lista es la diputada federal por el Distrito 9 de Uruapan, Guadalupe Mendoza Arias, conocida como Lupita Arias, la única congresista independiente por Michoacán. Su candidatura representó una ruptura con los partidos tradicionales como parte del Movimiento del Sombrero, y su trabajo se asocia con promesas de transparencia, combate a la corrupción, atención a víctimas de violencia, defensa de derechos y un giro contra las estructuras tradicionales del poder. Su perfil independiente, crítico al statu quo, la coloca como un agente con potencial de cambio real en el estado, y representa, por ende, una amenaza para el crimen organizado. Tras el asesinato de Manzo, Arias denunció desde el pleno del Congreso que “organizaciones criminales, políticos y adversarios” estuvieron detrás del crimen para frenar ese proyecto.
Los cuatro son las figuras más visibles de un proyecto opuesto al control narcopolítico, con una narrativa de justicia social que puede romper dinámicas de colusión entre política, poder local y crimen organizado, lo que implicaría pérdidas para quienes lucran con esas redes. Por encima de ellos está la alcaldesa Quiroz, pero la información de inteligencia a la que se tuvo acceso no la incluye en la lista de la muerte. Nadie del Movimiento del Sombrero, sin embargo, está seguro.
Manzo, que se está consolidando como el símbolo de un político que sacrificó su vida por luchar contra el crimen organizado ante el desamparo del gobierno federal, se había convertido en una figura central en el esfuerzo de los gobiernos de México y Estados Unidos, acompañados de los empresarios aguacateros, para desarrollar un modelo de seguridad por fuera de los circuitos político-criminales que han dominado a Michoacán por dos décadas.
El asesinato de Manzo no sólo fue el del alcalde de Uruapan, sino de quien se perfilaba para ser el próximo gobernador de Michoacán que amenazaba con acabar con las redes de corrupción del crimen organizado. En una columna publicada en este espacio después de su asesinato, se citó una reciente encuesta de la empresa Encuadra que daba a Manzo 44% de preferencia electoral, contra el alcalde de Morelia, el priista Alfonso Martínez, y 19% del senador de Morena, Raúl Morón, que parece el candidato natural del régimen.
La encuesta confirmaba lo que unos siete meses antes había encontrado un estudio pedido por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a la empresa Berumen, que le daba 46% a Manzo y 34% a Morón, mientras su candidata, Gladyz Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano, quedaba muy atrás. Ramírez Bedolla estaba en una encrucijada. Por un lado, Manzo era la amenaza para el andamiaje de control en Michoacán, pero Morón, que había roto con ellos, era de alto riesgo para él. Incluso, lo llegó a mencionar como su “kriptonita”.
En Michoacán está en juego mucho más de lo que nos podemos imaginar. Ahí se está dando la primera disputa por el poder del país, pero no entre partidos, sino entre la alianza de políticos con el crimen organizado y las fuerzas que se oponen a ese consorcio criminal que se quiere reproducir en el resto del país. El avance del Movimiento del Sombrero, que tiene como motor a Manzo, es veneno para los espacios de corrupción, extorsión y control de contratos públicos, al romper las sociedades informales con las autoridades. Si avanza el proyecto, será disruptivo para los negocios ilegales, como la extorsión, el control territorial y los negocios lícitos. La lista de la muerte pretende acabar de tajo esa posibilidad. El problema es que, si el asesinato de Manzo dejó muy herida a la presidenta Claudia Sheinbaum y todavía más al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, otros cuatro crímenes, es impensable hasta dónde los puede tirar.