En la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) estamos por iniciar la negociación del salario mínimo para 2026. Como cada año, reaparece un argumento que se ha vuelto casi automático en el debate público: “primero debe aumentar la productividad y después los salarios”. Es una frase que suena razonable para todas las personas que estudiaron principios básicos de economía, pero que no corresponde con lo que observamos en la economía real, ni con la evidencia acumulada en los últimos cuarenta años.
Ese razonamiento proviene de la teoría neoclásica del mercado laboral, que asume un entorno de competencia perfecta. En ese mundo ideal, el salario debería igualar la productividad laboral, pues salarios superiores al aporte que cada persona tiene sobre la producción implican que dicho puesto no es rentable y afecta negativamente a la empresa. El problema es que ese mundo no existe; para que esta teoría funcione, se necesitan al menos seis condiciones: (1) que las personas trabajadoras elijan libremente entre empleadores, (2) que exista un número prácticamente infinito de empresas, (3) que ninguna fije salarios por sí misma, (4) que todas las personas trabajadoras tengan las mismas preferencias, (5) que tanto personas empleadoras como trabajadoras conozcan perfectamente las condiciones del mercado laboral y opciones alternativas y (6) que la productividad se refleje directamente en el salario promedio. La realidad mexicana —y la global— dista mucho de cumplir con alguno de esos supuestos.
Lo que sí muestran los datos es algo distinto. En México, la productividad laboral en la manufactura creció 164% desde 1980. En ese mismo periodo, los salarios reales apenas aumentaron 15.6%. Si la teoría tradicional fuera una descripción correcta del mercado laboral, esa brecha simplemente no debería existir.
También hay evidencia sólida de que la causalidad puede ir en sentido contrario: mayores salarios pueden detonar incrementos en productividad. Corea del Sur es un ejemplo claro; estudios recientes encuentran que cuando el salario mínimo creció más rápido, la productividad —particularmente en manufacturas— también aumentó (Taeyoung et al., 2022; Kim y Ryuk, 2018; Baek et al., 2021). Y no se trata sólo del salario mínimo. La literatura sobre salarios de eficiencia, trabajada desde distintas metodologías y en múltiples países, sugiere que mejores salarios pueden traducirse en menor rotación laboral, mayor esfuerzo y mejor desempeño. Entre otros, Fehr y Goette (2007), Cohn et al. (2015), Bellemare (2009), Hassairi (2016) y Garnero (2019) documentan estos efectos. A ello se suma la evidencia sobre innovación inducida, e incluso la teoría de destrucción creativa propuesta por los recientes ganadores del Nobel de economía Philippe Aghion y Peter Howitt: cuando los costos laborales aumentan, las empresas pueden responder invirtiendo en tecnología y reorganización productiva para reducir costos, lo que también eleva la productividad.
Con estos elementos sobre la mesa, vale la pena replantear el debate. Si la productividad en México ha crecido más de 160% en cuatro décadas y los salarios apenas se han movido; si los datos en otros países muestran patrones similares; y si además existe evidencia de que incrementos salariales pueden elevar la productividad, entonces la pregunta es sencilla:
¿Tiene sentido seguir apelando a una teoría que requiere condiciones que no existen y que no explica lo que observamos?
Entender bien esta relación importa, sobre todo cuando se discuten decisiones que afectan a millones de personas trabajadoras. En la Conasami, los tres sectores tienen muy claro que el desafío no es repetir fórmulas heredadas, sino utilizar la evidencia más reciente para tomar mejores decisiones.