Los problemas en el país se vienen presentando con una velocidad cada vez mayor. Casi todos graves y algunos incluso muy graves.
Hasta hace poco se consideraba, con cierta suspicacia, que cuando algún asunto espinoso se tornaba crítico, al oficialismo le daba por sacarse de la manga algún tema alterno para distraer la atención de la opinión pública y así minimizar la importancia del otro, el verdaderamente grave.
Ahora, según las apariencias, se puede suponer que ya no se están inventando temas alternos distractores, porque si el oficialismo no encuentra ahora qué hacer con los que se le presentan, no olvidables ya fácilmente, carece de sentido inventar otros como burdos distractores (tipo la rifa del avión presidencial), que terminen por empeorar las cosas.
El gobierno se tiene que dar cuenta de que esa estratagema distractiva se agotó. De hecho, parece haberlo captado así. Es lo que explica que ahora haya adoptado, o por mejor decir, puesto mayor énfasis en otra maniobra.
Esta consiste en dar un perfil falso de quienes denuncian y protestan, como paso uno, y como paso dos, recurrir a la represión directa —y también encubierta— contra ellos, para después negarla cínicamente. Al agravio, se agrega la burla.
Resulta, aunque desde luego no es una novedad, por haber sido práctica habitual de Andrés Manuel López Obrador, que basta con que se diga desde la mañanera que el opositor es de derecha, o militante de algún partido político, como si fuera ilegal serlo, que no se pertenece a la Generación Z, que se es “chavorruco” (cualquiera que sea lo que esto signifique), que se le tache de “privilegiado” por exigir respeto a sus derechos, para que a esos opositores se les satanice, se les tenga por personajes abominables.
De esa especie de premisa mayor, la conclusión es obvia: solo el oficialismo y sus seguidores tienen derecho a expresarse, a manifestarse, a protestar. Por increíble que parezca, de manera inconsciente, muchos por propia iniciativa se encargan de asumir la premisa menor y mecánicamente aceptan la conclusión: carezco del derecho a exigir y a oponerme.
¿Esta especie de reflejo condicionado es admisible en una sociedad democrática? Obviamente no, no se puede permitir que nadie quede descalificado por definición.
La otra parte de la pinza es la represión. Ejercida en diversas modalidades. Desde la brutalidad policiaca, negada a pesar de las numerosas y contundentes evidencias.
Y llegar después al exceso ridículo de afirmar que los videos que muestran la brutalidad de los granaderos fueron fabricados a través de IA. Pero los golpes contra los manifestantes no fueron virtuales, sino reales y verdaderos.
Está también la amenaza, nada velada, de abrir expedientes penales; para colmo, según declaró la titular de Gobernación, incluso abiertos desde la administración, ¿de quién cree usted? Sí, ¡de Calderón! Amén de las amenazas y persecución de la UIF y el SAT, que para eso están, y no para combatir a fondo a la delincuencia organizada.
En los próximos años las cosas no van a cambiar, salvo para empeorar. ¿Por qué? Muy sencillo: porque la economía mexicana lleva siete años sin crecer (como lo muestran claramente las cifras del propio INEGI), la inversión privada y la pública se han desplomado, el servicio de la deuda gubernamental ha alcanzado o pronto logrará niveles que no podrán soportar las cada vez más endebles finanzas públicas. El cóctel es tremendo.
A lo anterior hay que agregar las presiones de Trump y de las divisiones internas del grupo oficialista, derivadas de las absurdas exigencias radicales del caudillo y sus seguidores. Se vislumbran, pues, tiempos muy complicados.
Agravados por la actitud intolerante del oficialismo, que descalifica de entrada a los opositores y desata contra estos una feroz represión, no vista desde hace más de medio siglo.