Dentro de un mes, el próximo 4 de junio, se habrán de celebrar elecciones para gobernador en el Estado de México y Coahuila, y en este último estado también de diputados para renovar el Congreso local. Después de los comicios vendrán los actos posteriores a toda jornada electoral, como son su cómputo y calificación, la presentación de impugnaciones, en caso de haberlas, así como su correspondiente resolución.
Agotada esa etapa, con la que se darán por formalmente concluidos los procesos electorales en las dos referidas entidades, se entrará de lleno en la realización de las muy delicadas actividades preparatorias del macroproceso electoral de 2024. Actividades en las que particularmente los partidos de oposición, aparentemente, a diferencia de los oficialistas, van notoriamente rezagados, porque Morena y sus aliados, como a todos consta, hace ya meses que están en eso. De hecho, están en abierta e ilegal precampaña electoral, encabezados por su principal protagonista, que no es otro que el propio presidente de la República.
De acuerdo a lo dispuesto en la legislación electoral vigente, no en lo establecido en el llamado plan B, por lo pronto suspendido por el ministro de la Corte Javier Laynez, “el proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo a la elección” (artículo 225 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), es decir, dentro de tres meses.
Lo anterior significa que los tres partidos que conforman la coalición Va por México: PAN, PRI y PRD, los que de manera reiterada han dado a conocer su disposición de ir en 2024 en alianza electoral total, incluida una misma candidatura a la presidencia de la República, disponen de menos de cien días para ponerse de acuerdo en los detalles grandes y pequeños, pero claves, particularmente en tres cuestiones importantes, cuando menos, que deben tener debidamente arregladas y acordadas, para no dar lugar a equívocos ni a confusiones, preferentemente antes del inicio del proceso electoral del año entrante. Es decir, en los primeros días del ya muy próximo mes de septiembre.
Una primera cuestión que ha de atenderse es la siguiente: aunque los partidos políticos mexicanos tienen ya amplia experiencia en materia de coaliciones electorales y en general su marco jurídico interno contempla soluciones a los recovecos a que da lugar esta figura, no está de más que con toda oportunidad se tengan previstas y resueltas todas las aristas relativas al ámbito normativo aplicable. De esta manera se evitará que el adversario externo y los detractores internos generen dudas en torno al punto, aun de buena fe.
Más de orden político y ético que jurídico, es la cuestión relativa a qué posibles precandidatos será necesario considerar para que de entre ellos surja el candidato presidencial de la alianza. Tema arduo a resolver es éste del perfil idóneo del candidato, que ha de ser factor de unidad, no de división ni de fractura, siempre que reúna las prendas y credenciales suficientes en cuanto a formación intelectual y capacidad técnica (que no son lo mismo), honorabilidad, honestidad, prestigio, experiencia, trayectoria personal, personalidad y carácter.
Finalmente, el procedimiento o método a aplicar para que de entre los potenciales candidatos que pasen los diversos filtros del perfil propuesto, resulte seleccionado aquel que será postulado candidato presidencial de la oposición en 2024.
La anterior y última cuestión planteada es bastante compleja y amerita por ello un análisis amplio, que concluya en una propuesta concreta y viable. A sabiendas de que el tiempo apremia, se intentará bosquejar en una próxima entrega.