Donald Trump está ansioso por intervenir militarmente en México. No está contento con México, dice, aunque otras voces de su gobierno han precisado que no está contento con la presidenta Sheinbaum, con quien tiene radicales diferencias ideológicas; debe irritarle mucho que ella le reitere siempre que no solicitará la presencia militar estadounidense en contra de los narcotraficantes, porque en territorio mexicano sólo operan las fuerzas armadas del Estado mexicano.
Independientemente de la desquiciada personalidad del presidente, quienes se entusiasman con la posibilidad de la presencia militar estadounidense en México deberían conocer la historia intervencionista de EU en América Latina, invariablemente desarrollada con la complicidad de gremios económicos y oposición política internos-, y saber que tales sucesos han dejado, en cada caso, muerte, inestabilidad de todo tipo, resentimiento social y atraso.
Durante el último medio siglo, EU ha intervenido con apoyo financiero, logístico, en inteligencia y entrenamiento a las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, y El Salvador. También invadió Granada y Panamá.
Los motivos pueden variar, pero ninguno tiene el propósito de cultivar la amistad de los pueblos de nuestros países con EU, sino asegurar sus posiciones geopolíticas, la rentabilidad de los capitales y corporaciones estadounidenses y tener acceso seguro a materias primas estratégicas, como el cobre chileno, el estaño boliviano y el uranio mexicano.
El combate al tráfico de drogas surgió como pretexto desde junio de 1971, cuando Richard Nixon le declaró la guerra a quienes las trafican; desde entonces, algunas intervenciones estadounidenses en América Latina han seguido “planes” para acabar con las organizaciones criminales. El más amplio fue el plan Colombia (2000–2016), tras el cual quedaron tres cosas bien establecidas en ese país sudamericano:
Que Colombia es ahora el primer productor de cocaína en el mundo, un negocio que vende entre el 55% y 60% de lo que produce en Estados Unidos y 35% en los mercados europeos que va conquistando.
Que la fragmentación de organizaciones de narcotraficantes diversificó las dinámicas de violencia criminal ligadas al microtráfico, que ahora se dedican a la extorsión, a los secuestros y a los cobros de protección a negocios.
Parecido a lo que provocó en México la guerra de Calderón. Hoy por hoy, el 86% de los colombianos vive con temor a causa de la inseguridad pública.
Que dado que el plan operó con instalaciones y personal militar estadounidense y colombiano, quedaran al menos nueve bases o estaciones militares con presencia permanente de soldados estadounidenses en territorio colombiano.
En total, según algunas investigaciones de renombre, hay aproximadamente 76 bases o instalaciones militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe, aunque la lista pública no es completa.
Las intervenciones estadounidenses también han ocurrido y están ocurriendo en este momento para socavar a gobiernos legítimos que no le son ideológicamente afines; interviene financiando a gremios relevantes en la economía y a partidos opositores para generar problemas e incertidumbre económica y violencia política.
La estrategia no ha cambiado demasiado desde el caso histórico del derrocamiento de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, que conviene tener presente. Investigaciones posteriores al hecho —incluido el Informe Church del Senado de EU (1975)- exhiben que gremios empresariales fueron inducidos a reducir sus actividades productivas para generar escases e inflación, mientras los comerciantes acaparaban productos.
El Informe Church fue una investigación monumental del Senado de EU que se convirtió en un documento histórico sobre el funcionamiento real del poder estadounidense durante la Guerra Fría.
Del caso chileno, el informe reveló que hubo financiamiento masivo a la oposición empresarial y política, a manifestaciones de protesta de organizaciones juveniles y a medios de comunicación para desacreditar al gobierno de la Unidad Popular.
Como parte de la estrategia, se desarrollaron operaciones psicológicas y mediáticas en prensa y TV para generar un exasperante clima de crisis. Hubo también apoyo a gremios, como fue el financiamiento del paro de transportistas (1972) y a otros paros y huelgas.
La huelga de camioneros, de octubre de 1972, fue un punto de inflexión en el que el transporte de alimentos y bienes se colapsó y el gobierno tuvo que recurrir al ejército para tratar de restablecerlo.
La estrategia contra el gobierno de Allende logró que empeoraran las condiciones económicas reales, causadas por la aceleración de la reforma agraria (menor disponibilidad de alimentos por la transición de propiedades) y menor disponibilidad de mercancías industrializadas, justo cuando crecía la demanda por los sustanciales aumentos a los salarios, todo lo cual se convirtió en escases e inflación acelerada.
Con la violencia política en aumento, la oposición en la Cámara de Diputados acusó al gobierno de romper el orden constitucional y en agosto de 1973 pidió a las fuerzas armadas “poner fin a las infracciones”, lo que se interpretó como el aval político para intervenir.
Ahora Estados Unidos y la derecha en nuestros países, tiene recursos digitales para articular sus estrategias de movilización gremiales y políticas, pero lo que se persigue es lo mismo: socavar gobiernos que en vez de seguir la lógica de los negocios como único propósito, orienten sus políticas a tratar de atenuar las desigualdades sociales.
No es ocioso estar al tanto de las tácticas intervencionistas que Estados Unidos pone en marcha cuando considera que un gobierno que no le sea ideológicamente afín, puede afectar sus intereses geopolíticos y de negocios.