El domingo pasado, los mexicanos tuvimos la oportunidad de elegir una parte importante de quienes comforman el Poder Judicial. Esta es la primera de dos elecciones en las que se elegirán 9 ministros de la Suprema Corte, quienes reemplazarán a los 11 ministros actuales, entre un total de 881 posiciones en el Poder Judicial a nivel federal. Otros 850 puestos se elegirán durante las elecciones intermedias en 2027. Este proceso electoral representa una renovación completa del sistema judicial de nuestro país y surge del legado del expresidente López Obrador, quien presentó 20 reformas al Congreso en febrero de 2024. Estas reformas lograron su aprobación gracias a las supermayorías con las que contó su partido, Morena, desde septiembre, cuando los legisladores recién electos asumieron el cargo, antes de la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. La reforma judicial de López Obrador reemplazó el protocolo actual seguido por el Senado, por uno en el que los ministros, magistrados y jueces son nominados a partir de un proceso de elección popular. Aunque en algunos países hay ciertas posiciones en el Poder Judicial que están sujetas a elección, como en los Estados Unidos, el único país en el mundo que elige a la mayoría de sus jueces por voto popular, según Judiciaries Worldwide, es Bolivia, que sabemos que no se caracteriza por adoptar las mejores prácticas a nivel mundial, por decir lo menos.
En mi opinión era claro que esta elección no era un ejercicio que mejoraría el Estado de derecho en nuestro país, porque para empezar, necesitamos un número mayor de jueces por cada 100 mil habitantes (Promedio mundial: 14; Latinoamérica: 7; México: 2) y la reforma no contempló una expansión en el número de jueces. Era claro que esta elección no solo no iba a propiciar una mayor democracia, sino que la desvirtúa al no haber sido un proceso del todo inclusivo, transparente y participativo. Considero que no se le dio cabal cumplimiento a estos pilares de los procesos democráticos al convocar a la población a votar por un sinnúmero de personas desconocidas, que ocupará puestos en los que la mayoría de la población ignora sus labores y responsabilidades. Adicionalmente, lo complicado y confuso de la elección abrió la puerta a mecanismos de influencia del voto mediante el uso de “acordeones”. Hasta el propio expresidente López Obrador –quien engendró esta forma de escoger a los miembros del Poder Judicial–, utilizó uno cuando votó el domingo pasado. Por si fuera poco, la falta de recursos que el Instituto Nacional Electoral (INE) observó al haber solicitado alrededor de 13 mil millones de pesos de presupuesto y solo haberle autorizado alrededor de la mitad, hizo que hubiera un número reducido de casillas (84 mil, en lugar de 170 mil en la elección presidencial del año pasado), que solo hubiera una urna para los seis tipos de boleta, en lugar de una urna por tipo de boleta y que no hubiera ni PREP, ni conteo rápido, que brinda transparencia a los procesos electorales. Inclusive, ante este grado de complejidad, se optó por decidir que los funcionarios de casilla no contaran los votos –como se ha hecho desde que existe el IFE, ahora INE–, sino que fuera el INE quien lo hiciera. Si bien el INE todavía goza de credibilidad, considero que esto último restó transparencia a la elección.
Ahora bien, normalmente el enfoque de una elección está en qué facción política gana la mayoría de los escaños o los puestos más importantes. No obstante lo anterior, en este caso considero que ‘la clave’ de esta elección estuvo en la baja tasa de participación, estimada por el propio INE en alrededor de 13 por ciento, significativamente menor que las que se han observado tanto en las elecciones presidenciales ~60 por ciento, como en las intermedias (~40 por ciento) e inclusive menor al 17.8 por ciento del referéndum del presidente López Obrador para ‘enjuiciar’ a los expresidentes de México en 2022. Dada la alta tasa de aprobación de la presidenta Sheinbaum, que se sitúa cercana al 80 por ciento (El Financiero, 28 de mayo 2025) y el hecho de que los partidos de oposición estuvieran instando a la población a no participar en esta elección, la probabilidad de que candidatos afines a Morena obtengan la mayoría de los cargos en disputa es muy alta. Por ello considero que la tasa de participación se puede utilizar como una métrica para evaluar el interés y apoyo de la población hacia esta reforma en particular. Así, una tasa de participación baja podría ser positivo para nuestro país, ya que podría brindar una razón de peso a la presidenta Sheinbaum para que pueda llevar a cabo algunos cambios constructivos a esta reforma, probablemente resultando en un menor número de cargos en el Poder Judicial a ser nombrados vía elección popular.