El noviembre que termina dejó un reguero de señales políticas inquietantes. Desde el asesinato del exalcalde Carlos Manzo en Uruapan, pasando por las movilizaciones de campesinos y transportistas, hasta la abrupta salida del fiscal Alejandro Gertz Manero.
México ya está acostumbrado a vivir entre tormentas, pero hay momentos en los que los eventos dejan de ser episodios aislados y empiezan a dibujar un punto de inflexión. Este parece ser uno de ellos.
El telón de fondo importa. La economía mexicana está prácticamente detenida. El Banco de México prevé para 2025 un crecimiento de 0.3%, y hasta el tercer trimestre acumulamos un avance de apenas 0.4%. Con el Indicador Oportuno del INEGI mostrando cero crecimiento en octubre, la aritmética apunta hacia un último trimestre plano. El estancamiento, más que un riesgo, luce ya como una realidad en instalación.
No es casual. Llevamos meses advirtiendo que la inversión se ha frenado por factores internos: incertidumbre regulatoria, choques políticos, reformas polémicas y señales contradictorias desde el gobierno.
El reciente episodio en la Suprema Corte —cinco ministros que decidieron ignorar sentencias firmes bajo el argumento de presuntos vicios en su origen— abrió un flanco inesperado: el de la erosión de la seguridad jurídica. Para un país que aspira a atraer capital productivo, ese hecho equivale a una alarma encendida.
La inversión no se desploma de un día para otro. Se va desgastando lentamente. Primero se posponen proyectos, después se recortan presupuestos, más tarde se abandona la idea de expandirse. Y cuando eso ocurre, el daño no solo se ve en el crecimiento. Se ve en algo más delicado: las finanzas públicas.
El verdadero riesgo: un choque fiscal antes de 2030
La situación de las finanzas públicas trae riesgos de largo plazo derivados de lo siguiente:
- Expansión del gasto social.
- Compromisos crecientes del sistema de pensiones.
- Costo financiero de la deuda al alza.
Mientras la economía creció a tasas moderadas —2.5% promedio en los últimos años— estos compromisos fueron manejables. Pero si el crecimiento se convierte en virtual estancamiento comienza el problema.
El gasto en pensiones ya supera el 5% del PIB. El costo financiero de la deuda crece por la combinación de tasas aún elevadas y mayor endeudamiento.
El cambio de perfil de la deuda pública, que favoreció la deuda en pesos contra la deuda en moneda extranjera, la encareció.
Y los programas sociales, piedra angular de la legitimidad del gobierno, difícilmente pueden reducirse sin un costo político enorme.
Si la inversión no repunta, no habrá forma de generar la recaudación necesaria para sostener ese diseño fiscal.
El riesgo es claro: México podría vivir una crisis fiscal antes de que termine el sexenio, no por exceso de gasto, sino por insuficiencia de crecimiento, salvo que se lance una reforma fiscal.
Hay quien piensa que basta con ampliar la base tributaria o ajustar algunos impuestos para resolver el problema. La evidencia dice lo contrario. Ninguna reforma fiscal puede funcionar si la economía está estancada.
Sin inversión privada —que representa más del 85% de la inversión total— no habrá crecimiento; sin crecimiento, no habrá ingresos suficientes y el déficit puede volverse insostenible.
No es algo que vaya a ocurrir en el 2026, pero si se ve un horizonte hasta 2030, la probabilidad crece.
Para colmo, el nearshoring, que pudo haber sido una tabla de salvación, se debilitar por la incertidumbre. Varias empresas han comenzado a reevaluar proyectos ante la incertidumbre judicial, regulatoria y comercial. La percepción de riesgo pesa más que la geografía.
Reconstruir la confianza es posible, pero exige señales claras:
- Respeto pleno al Estado de derecho.
- Reglas estables, claras y no retroactivas.
- Diálogo genuino con el sector privado.
- Certidumbre en materia energética y regulatoria.
No se trata de ceder ante los empresarios. Se trata de evitar que México caiga en una espiral de bajo crecimiento y alto déficit que, más temprano que tarde, obligaría a un ajuste doloroso.
Los mercados suelen ser pacientes… hasta que dejan de serlo.
Hoy todavía hay margen para corregir el rumbo. Pero si la inversión no encuentra razones para volver, entonces sí habrá que prepararnos para un escenario fiscal adverso.
Y esta vez, no por decisiones equivocadas del pasado, sino por la incapacidad de generar las condiciones mínimas que permitan que la economía crezca.
En pocas palabras: o se recupera la confianza, o se compromete el futuro fiscal del país. No es un debate ideológico. Es simple aritmética económica.