De acuerdo con el monitoreo que realizamos en Lantia Consultores, Tamaulipas es el estado que más víctimas letales registra en el país como consecuencia de enfrentamientos entre grupos criminales y autoridades (sean éstas elementos policiales o militares). En relación con los eventos que denominamos “masacres” (eventos con cuatro o más víctimas del crimen organizado), por ejemplo, en 2021 37.5 por ciento de las que se registraron en la entidad fueron consecuencia de enfrentamientos en los que participaron autoridades de seguridad pública. En 2022 esta proporción fue de 77.4 por ciento (aunque el año pasado el número de víctimas en Tamaulipas en masacres derivadas de este tipo de enfrentamientos (entre autoridades y grupos del crimen organizado) registró una reducción anual de 30.4 por ciento, al pasar de 69 víctimas en 2021 a 48 en 2022).
El pasado domingo 26 de febrero, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuatro elementos que formaban parte de un convoy militar (integrado por cuatro vehículos con 20 elementos), abrieron fuego contra un vehículo que transportaba a siete jóvenes desarmados. Cinco de estos siete muchachos murieron en el incidente –uno más de ellos resultó herido de gravedad y está en proceso de recuperación–. Como suele suceder, después de la tragedia las autoridades guardaron un prolongado silencio, y tuvieron que pasar dos días para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitiera un comunicado en el que señaló que en una calle de la colonia Manuel Cavazos, personal militar que realizaba un operativo de vigilancia escuchó disparos de armas de fuego, lo que generó alerta. Acto seguido, el grupo de elementos militares avanzó hacia el lugar donde se escucharon los disparos, cuando encontraron un vehículo que circulaba “a exceso de velocidad, con las luces apagadas y sin placas”. Entonces el conductor de ese vehículo aceleró “de manera intempestiva y evasiva”, tras lo cual impactó con otro que estaba estacionado, “al escuchar el estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego”.
Por su parte, en el informe policial homologado (IPH) el capitán de Caballería Elio N indicó que una vez que cesó el fuego, personal militar procedió a inspeccionar el vehículo en el que se transportaban los jóvenes agredidos “y no se localizó nada ilícito”, es decir, no se encontraron armas o drogas, como frecuentemente ocurre en casos de enfrentamientos entre autoridades y grupos criminales. Además, el IPH colocó en la mesa un dato adicional: los cuatro elementos militares que dispararon contra los jóvenes lo hicieron sin que el capitán Elio N. les hubiera ordenado abrir fuego. Lo que tenemos ante nosotros, entonces, no es un enfrentamiento entre autoridades y criminales, sino una persecución de vehículos militares a una camioneta con civiles desarmados, tal como se observa en un video que difundió El País, que culmina en un bochornoso ataque unilateral de militares contra civiles.
Dado que el personal militar que accionó sus armas nunca enfrentó una amenaza letal por parte de las personas que se transportaban en la camioneta, que nunca recibieron la orden de disparar y que además el vehículo de los civiles nunca intentó embestir a algún vehículo militar, su proceder resulta a todas luces injustificado. Sin embargo, una vez que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, presidido por el activista Raymundo Ramos, externó su indignación por los hechos y exigió una investigación exhaustiva y rigurosa de la masacre, se inició una campaña de ataques por parte de algunas autoridades y un puñado de medios contra Ramos, en los que lo acusaban de tener vínculos con organizaciones criminales. Además, algunos medios locales de Nuevo Laredo, con el claro propósito de justificar a los militares, acusaron a dos de las víctimas de fungir como “sicarios” del Cártel del Noreste (escisión de lo que hace más de una década fueron Los Zetas), y señalaron específicamente a Wilberto Mata Estrada (a) Comandante Willy o el Pollo, y a Gustavo Ángel Suárez Castillo (a) el Gus o Baby Syko de servir a intereses criminales.
Aunque las autoridades federales han realizado un esfuerzo para contener, e incluso reducir, las ejecuciones extrajudiciales en lo que va de la presente administración, la agresión del pasado 26 de febrero prende un foco de alarma sobre la probable relajación de mecanismos de disciplina y control internos en la Sedena y quizás también de algunos mecanismos de supervisión externa. Por ello, será importante que —en caso de que se confirme la narrativa de hechos que hasta ahora han difundido las propias autoridades— se sancione ejemplarmente a los elementos militares que causaron la muerte de los cinco jóvenes (entre otros delitos graves).