Eduardo Guerrero Gutiérrez

¿Qué pasó con la Coordinación Nacional Antiextorsiones?

A muchos en el gobierno, en las Fuerzas Armadas y sobre todo en muchos ayuntamientos, no les debe haber gustado nada la idea de una Coordinación Nacional Antiextorsiones.

El pasado 5 de octubre, Conrado Mendoza, alcalde de San Miguel Totolapan, municipio de la Tierra Caliente de Guerrero, acudió a una reunión. El encuentro había sido convocado por José Alfredo Hurtado Olascoaga, (a) El Fresa, líder de La Nueva Familia Michoacana. Una veintena de personas asistió, incluyendo el alcalde, su padre y varios elementos de la policía municipal de San Miguel. A todos los asesinaron.

Hasta ahí hay cierto nivel de certeza. Pero sobre lo que realmente ocurrió en esa reunión hay varias versiones. Una la aportó el propio Hurtado Olascoaga, quien publicó un peculiar video en el que responsabiliza de la masacre a sus rivales, Los Tequileros, y señala que él era el verdadero objetivo. Otra versión, al parecer filtrada por instituciones de seguridad federales, culpa al Fresa de los hechos.

Hace unos días Hurtado Olascoaga volvió a ser tema de atención mediática. La OFAC –la unidad dentro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos responsable de imponer sanciones económicas a organizaciones e individuos de otros países– lo incluyó en su lista negra, junto con su hermano Johnny, El Pez. De acuerdo con la OFAC, La Nueva Familia Michoacana es un peligro para Estados Unidos porque trafica fentanilo a ese país, incluyendo una presentación en pastillas de colores, conocida como “fentanilo arcoiris’' (de forma un tanto fantasiosa y alarmista, la DEA ha divulgado en los últimos meses la idea de que esta presentación está dirigida a menores).

A las organizaciones criminales mexicanas no les falta iniciativa. No dudo que los hermanos Hurtado Olascoaga, o alguno de sus socios, anden metidos en el tráfico de fentanilo. Sin embargo, también me queda claro que ése no es su verdadero negocio. La Nueva Familia Michoacana, más que ninguna otra organización, ha perfeccionado la extorsión a gran escala. De acuerdo con el monitoreo que coordino, este grupo, también conocido como La Nueva Empresa, opera en al menos 124 municipios, dispersos en ocho estados, pero es fuerte sobre todo en el norte de Guerrero y en el sur del Estado de México.

En lugares como Ciudad Altamirano, Arcelia, Luvianos y en el propio San Miguel Totolapan, La Nueva Empresa ha logrado un sorprendente control territorial. Los alcaldes, o son sus compadres o trabajan para ellos. Los que se han intentado resistir, viven amenazados. Como se describe en documentos filtrados por el Colectivo Guacamaya, no sólo trabajan con autoridades municipales, sino que también han logrado infiltrar a las Fuerzas Armadas.

Gracias al respaldo de estas autoridades, La Nueva Familia Michoacana opera una fabulosa red de extorsión que cobra parejo a sectores completos de la economía local. La construcción es probablemente el que más les reditúa, pero hay muchos otros. El transporte de carga, además de pagar cuota, está a sus órdenes por si hace falta bloquear una carretera. La Familia Michoacana se siente tan confiada en sus feudos, que incluso se ha dado el lujo de llevar a cabo algunas de las emboscadas y agresiones más audaces del pasado reciente, sobre todo contra la Fiscalía General de Justicia y la policía del Estado de México.

En agosto pasado, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, propuso la creación de una Coordinación Nacional Antiextorsiones. Desarticular redes de extorsión, que es el mayor lastre que padecen cientos de miles de negocios e individuos de todo el país, sería todo un hit para el gobierno, y en especial para la secretaria Rodríguez (que ha dejado en claro que tiene aspiraciones para competir en 2024 por la capital).

Desafortunadamente, desde que la propuesta se mencionó en agosto, ya no se ha hablado más del asunto. No hay información al respecto, y espero equivocarme, pero podemos imaginar que a muchos en el gobierno, en las Fuerzas Armadas, y sobre todo en muchos ayuntamientos, no les gustó nada la propuesta de la secretaria. Investigar redes de extorsión, como las de La Familia Michoacana, inevitablemente pasa por evidenciar sus vínculos con autoridades, pues el cobro de cuota funciona, casi en su totalidad, porque es solapado o tolerado por ellas.

Tal vez hubo un cálculo, en el que se consideró que saldrían más caros los raspones a las clases políticas locales, de lo que se ganaría por terminar con el malestar que la extorsión le genera a millones de mexicanos. Es una lástima y, en mi opinión, un mal cálculo. Los hermanos Hurtado Olascoaga son tal vez los extorsionadores más audaces, pero no son los únicos. Todos los grupos criminales del país, incluyendo al CJNG, le entran en alguna medida a la extorsión. No sólo eso, se trata también de una actividad que inevitablemente tiene una lógica expansiva. Al Pez y al Fresa, por lo pronto, ya les quedaron chicos los pueblos del norte de Guerrero y el sur del Edomex. Ahora andan probando suerte en algunas ciudades del centro del país.

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