El clásico inglés retrató con singular agudeza la naturaleza humana guiada por la venganza, los celos, la ambición y la candidez, y así como André Breton afirmó que “México es el país más surrealista del mundo”, nuestra cotidianidad política hace honor a ambos, que seguirían encontrando aquí mil y un motivos más para mil y una obras más.
En múltiples ocasiones nos hemos referido a que estamos frente a un acelerado cambio de régimen cuyas características conllevan la concentración y sumisión de voluntades, la desaparición del equilibrio de los poderes del Estado, la eliminación de los órganos autónomos —o el debilitamiento o cooptación de los mismos— y ahora acudimos con especial crudeza a un episodio más de esta historia en la que la institucionalidad se desmorona.
La destitución, disfrazada de renuncia, del fiscal general de la República (FGR) es un claro ejemplo del proceder del actual régimen. Más allá de la evaluación que debería hacerse de la gestión de Alejandro Gertz Manero, su remoción debió seguir el procedimiento establecido, tomando en consideración su investidura y el carácter de la institución que encabezaba. Los hechos han confirmado que la autonomía e independencia de la FGR son letra muerta.
El remate es increíble; el doctor Gertz aduce en su misiva al Senado que deja el encargo en consideración a la propuesta de la titular del Ejecutivo federal para que se ocupe de una embajada en un “país amigo” (¿México tiene embajadas en países enemigos?).
Seguramente considera que se trata de una razón de tal gravedad que con ello honra el texto constitucional que durante más de seis años debió procurar.
Hace menos de doce años, febrero de 2014, la anterior Procuraduría General de la República (PGR) se transformó en Fiscalía (FGR) y no se trataba de un mero cambio de nombre o de un rediseño burocrático de la administración pública federal, sino secuela de la ola democratizadora.
Bien, vale un poco de historia para recordar aquello y traer a colación la fragilidad de las instituciones en manos de la 4T.
La PGR era una dependencia del Ejecutivo; su titular era designado por el presidente de la República y ratificado por mayoría simple de los senadores. No es casual que la reforma constitucional que llevó al cambio se diera en paralelo a la que transformó el IFE en INE; eran esfuerzos encaminados a profundizar la institucionalidad democrática y fortalecer el Estado de derecho. En particular, se trataba de un esfuerzo por continuar con la reforma al Poder Judicial iniciada en el periodo de Ernesto Zedillo.
Se buscaba fortalecer el sistema de procuración de justicia dotando de independencia a los ministerios públicos, procurando su profesionalización y restándole el sesgo político que tenían al ser parte de los gabinetes de los ejecutivos.
El fiscal tiene en el papel la delicada tarea de ser pilar fundamental del Estado de derecho, ya que debe procurar la justicia y el respeto irrestricto a las normas que rigen el orden social.
Para ello, investiga la comisión de delitos y, en su caso, emprende la acción penal correspondiente. Menuda responsabilidad, ya que de ello depende en buena medida la paz social y con ello la estabilidad de una sociedad y el valor que la misma le da a las instituciones y se da a sí misma.
La reforma del 2014 se materializó hasta diciembre del 2018, cuando el Congreso declaró formalmente la “autonomía constitucional” de la Fiscalía y su primer titular asumió el cargo en enero del año siguiente.
En la ley está previsto el procedimiento de asignación y recordarlo es importante para entender la intención del legislador.
El Senado integra una lista de 10 candidatos que envía al presidente de la República, quien a partir de ello integra una terna que turna al Senado para que este designe al fiscal por mayoría calificada.
Este ocupará el cargo por nueve años para que sea por un periodo transexenal, reforzándose así su independencia.
Gertz Manero debió concluir su gestión en enero del 2028. Si el problema era su desempeño, el procedimiento es claro; procedía su destitución por el voto de dos tercios de los senadores.
Los motivos para su remoción pueden ser muchos, desde el “técnico”, una FGR “descompasada”, por no decir ineficiente, del ritmo que demanda el combate al crimen organizado y la presión de Donald Trump al respecto, hasta el “político”, las “filtraciones” de investigaciones en proceso que involucran a personajes de la 4T.
Pero el desenlace aparece como un enredo de los mejores episodios de las tragicomedias clásicas; lástima que no estamos en el teatro, sino frente a una sociedad que reclama justicia, seguridad y eficiencia, y no solo lealtades.