Como señalé hace poco, las aproximaciones sucesivas hacia una fórmula de distribución de participaciones a estados y municipios dan cuenta de resultados de dispersión casi perfectos, a partir de la reforma que hicimos en 1991.
Sin embargo, este camino en el diseño de la distribución revela la complejidad inherente a la construcción de un pacto federal equitativo en lo relacionado con ingresos y egresos.
El diseño de estas herramientas tenía como propósito principal la mejora en la eficiencia y equidad para la distribución, también la del fortalecimiento de la confianza y seguridad en el distanciamiento de la discrecionalidad.
El proceso tuvo y tiene al diálogo como eje: desde la inquietud surgida en Oaxaca de los años setenta hasta el consenso de 1990, el sistema ha sido forjado en el ánimo del debate y el intercambio de experiencias.
Especialmente en el primer cambio, se buscaba equidad; ya comenté cómo el per cápita de un estado, Tabasco, versus Oaxaca era de 9 a 1.
Con la primera reforma, se acortaron las brechas. Sin embargo, nos aseguramos de incluir dos reservas de compensación para los estados que no perdieron, sino que siempre ganaron y contribuyeron a mejorar la situación de cerca de 20 estados que recuperaron algo, como los del sureste encabezados por Oaxaca.
El contexto actual, que enfrenta desafíos a nivel local, requiere que se amplíe este enfoque federalista para implementar reformas que no solo se ocupen de la distribución de recursos, sino también de la sostenibilidad fiscal en medio de desigualdades que continúan existiendo, y que se asigne una mayor responsabilidad a los gobiernos locales. No solo seguir en el que llamamos el “padrotismo fiscal”.
La realidad requiere que el federalismo fiscal vaya más allá de la fórmula de 1991, que sigue en uso a pesar de los cambios de 2007. Es necesario incluir nuevas formas de incentivos y de rendición de cuentas, manteniendo un equilibrio en la distribución.
El trayecto histórico da cuenta de un federalismo en movimiento, sujeto a actualizaciones. La creación de la Ley de Coordinación Fiscal en 1980, junto con la introducción del IVA y fondos como el de Fomento Municipal, representaron puntos de inflexión o momentos paradigmáticos.
Estos instrumentos no solo distribuyeron recursos de manera más equitativa, sino que también promovieron una mejor coordinación entre las administraciones, delegando poderes a las entidades federativas. Esto reconoce que es importante su participación para solucionar las diferencias entre las regiones. Sin embargo, la eficacia en la recaudación a nivel local es muy pobre y descuidada.
En este sentido, conviene identificar y reconocer las insuficiencias del esfuerzo fiscal de los municipios e insistir en la equidad y la responsabilidad fiscal. . El ajuste de 2007 —a todas luces regresivo— fue sugerido por el Fondo. Limitando la ponderación de ingresos como el predial en el Fondo de Fomento Municipal.
Los municipios muestran inacción recaudatoria, con organizaciones a veces inactivas. Costa Rica o Argentina recaudan mejor el predial. Algunos municipios no tienen control administrativo, lo que se llama “padrotismo fiscal”, es decir, “yo no recaudo, pero dame”.
En suma, sin recaudar no hay federalismo fiscal. Por ello es conveniente avanzar hacia una fórmula de distribución de participaciones, donde no sean meras transferencias, sino inversiones para mejorar y generar condiciones idóneas para el desarrollo.
En última instancia, el federalismo fiscal es una expresión del espíritu federalista. Su historia nos enseña que las aproximaciones sucesivas triunfan cuando priorizan el bien común.
El debate sobre la fórmula —aunque con elementos técnicos— también es una discusión política fundamental para la evolución del federalismo fiscal y el cumplimiento de la expectativa de la equidad.