La más reciente evaluación del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicada en 2025, indica que las 31 entidades federativas con obligaciones registradas se ubican en la categoría de “endeudamiento sostenible”. Este resultado es sumamente relevante, pues marca una consolidación institucional: desde 2016 año en que entró en vigor la Ley de Disiciplina Financiera, la distribución era distinta: apenas 20 entidades clasificadas como sostenibles, 10 en observación y una en nivel elevado.
El régimen previsto en la Ley permite que las entidades con deuda considerada sostenible accedan a un “techo de financiamiento neto” de hasta el 15 % de sus ingresos de libre disposición (ILD). Ese margen normativo constituye un espacio fiscal legítimo y prudente que, a la fecha, sigue subutilizado, dadas las señales de estancamiento en gasto de capital.
Mejora crediticia, estancamiento de inversión: una paradoja que urge resolver
De acuerdo con el análisis de la agencia Fitch Ratings, las calificaciones crediticias subnacionales han mejorado significativamente: en 2015 solo el 20% de las entidades alcanzaban niveles “AA(mex)” o “AAA(mex)”; hoy esa proporción ronda el 50 %. Aun así y pese a la recuperación de superávits operativos en algunos casos la inversión pública estatal permanece rezagada: la mediana del gasto de capital está por debajo del 10 % del gasto total, mientras que más del 90 % del presupuesto se absorbe en gasto corriente.
Este desequilibrio evidencia una paradoja: los estados hoy tienen mayor credibilidad y capacidad crediticia que hace una década, pero mantienen una política conservadora para apalancar deuda destinada a la inversión productiva. El resultado: persistencia de brechas de infraestructura, desarrollo y bienestar regional.
Existe un potencial agregado de todo el país
Si las entidades federativas contratan su techo máximo de financiamiento neto (15%/ILD), el potencial adicional de deuda subnacional asciende a más de 200,000 millones de pesos. Esta suma representa un espacio de apalancamiento 2.4 veces mayor al que se tenía en 2018.
Este monto representa una oportunidad económica suficientemente grande para financiar infraestructura de alto impacto social: agua, saneamiento, transporte, vivienda, servicios sociales; con una rígida disciplina financiera, sin comprometer la sostenibilidad presupuestaria ni elevar excesivamente los pasivos públicos.
El papel estratégico del INDETEC y el nuevo convenio con BANOBRAS
En este escenario, desde el INDETEC se asume un rol estratégico como organismo técnico, interlocutor y garante de buenas prácticas financieras. En colaboración con BANOBRAS se trabaja para que la Inversión Física Presupuestaria pase del 2.8% del PIB en el periodo 2018-2024 a 3.5% del PIB en la reciente Administración. Lo que se pretende es apoyar a las entidades federativas y municipios para incrementar la inversión pública productiva a través de financiamiento, bajo un marco de sostenibilidad, transparencia y viabilidad financiera. Este esquema permite aprovechar los techos de financiamiento neto disponibles, asegurando que los nuevos recursos se destinen a proyectos con impacto social, evaluados técnicamente, con rendición de cuentas.
La labor del INDETEC, en este contexto, no se limitará a asesorar: tendrá como objetivo convertirse en certificador de buenos proyectos, garante de la disciplina presupuestaria y promotor de decisiones estratégicas de inversión que maximicen el beneficio social y económico de esos créditos.
Asimismo, el INDETEC como consultor especializado, ofrece a estados y municipios un análisis integral de sus finanzas, orientación para mejorar sus ingresos y acompañamiento técnico en reestructuraciones o refinanciamientos de deuda, con el fin de optimizar sus perfiles financieros, liberar capacidad presupuestaria y potenciar los recursos disponibles para incrementar la inversión pública sin comprometer la sostenibilidad de sus indicadores.
Un llamado urgente a los gobiernos estatales y municipales
Hoy más que nunca, las entidades federativas y los municipios cuentan con un espacio fiscal estructural para recurrir a financiamiento responsable. Lo que falta es visión estratégica y dejar atrás los estigmas de la deuda para transformar ese espacio en inversión pública real, productiva y transformadora. No usar ese margen equivale a desperdiciar una oportunidad histórica para cerrar brechas de infraestructura y servicios, reducir desigualdades territoriales y estimular desarrollo local.
El momento es ahora: en un contexto de calificación crediticia fortalecida, costos de endeudamiento más competitivos y con un instrumento institucional como el convenio INDETEC-BANOBRAS, los gobiernos subnacionales pueden acelerar inversiones clave.
Esa acción no solo resulta compatible con finanzas sanas: es indispensable para construir un México más competitivo, eficiente y equitativo.