Una de las grandes apuestas para el desarrollo económico del país en el gobierno de Claudia Sheinbaum es el Plan México, el cual fue anunciado en enero de este año, 2025.
El Plan México contiene la visión del presente y del futuro para el desarrollo nacional, con el objetivo de fortalecer el mercado interno, los salarios, la inversión pública y privada, y aumentar la soberanía alimentaria y energética, así como la producción nacional, reduciendo las importaciones con países con los que no se tiene un tratado comercial. Como parte del Plan, se anunció un portafolio de inversiones nacionales y extranjeras por 277 mil millones de dólares en 2 mil proyectos.
Dicho Plan se materializó en 13 metas, entre las cuales destacan algunas enfocadas al crecimiento económico y otras al desarrollo social: elevar la proporción de inversión respecto al PIB por arriba del 25%; generar 1.5 millones de empleos adicionales; reducir de 2.6 años a uno los trámites para la inversión en México; aumentar el financiamiento a las PYMES (alcanzar que 30% de ellas cuenten con financiamiento); posicionar al país entre los cinco más visitados a nivel mundial; impulsar la sostenibilidad ambiental empresarial y disminuir la pobreza y la desigualdad.
Sin duda, el hecho de que exista un planteamiento de metas para el crecimiento económico a la par del desarrollo social es muy positivo, aunque es indispensable contar con acciones tangibles que permitan observar cambios en el corto y mediano plazo, así como establecer metas puntuales sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad, a fin de medir su avance.
Rumbo a 2026, en el Congreso de la Unión se acaba de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, un instrumento clave del Paquete Económico 2026, donde lamentamos que se hayan hecho pocos cambios a la propuesta inicial. Por ejemplo, el monto destinado a inversión pública nos parece insuficiente, al plantearse en 3.2% del PIB, destinando una parte importante a PEMEX, en lugar de enfocarlo en proyectos de infraestructura que detonen la inversión en más entidades del país. Además, podría comprometerse el crecimiento, pues continúa el déficit fiscal: el gasto aprobado es de 10.1 billones de pesos, frente a un ingreso estimado de 8.7 billones.
Aun así, reconocemos que entre los reajustes presupuestales se encuentra el aumento de recursos para educación, ya que, de acuerdo con el INEGI, tres de cada diez personas a nivel nacional enfrentan algún rezago en acceso a salud, educación, vivienda y alimentación. No obstante, de estos derechos, el derecho a la salud es el que presenta mayor rezago, y su asignación en el Presupuesto 2026 no es suficiente para mejorar la situación.
Asimismo, los indicadores económicos han mostrado alertas: durante el año los empleos han presentado altibajos, y aunque en septiembre registraron un incremento anual de 820 mil, venían de un descenso de 200 mil 835 en el mes previo, mostrando debilidad principalmente en el sector industrial. A su vez, la tasa de crecimiento anual se ubicó en -0.3% para el tercer trimestre de 2025 (México, ¿Cómo Vamos?).
En cuanto al entorno para la inversión, en octubre de este año la encuesta de Banxico registró que 58% de los empresarios consideraron la coyuntura actual como un mal momento para invertir.
A dos meses de concluir el año 2025 y tras un año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, el anuncio y la intención de implementar el Plan México son positivos. Sin embargo, es indispensable que se establezca una hoja de ruta contundente para propiciar los avances esperados en materia de desarrollo económico y social, a partir de instrumentos clave como el Presupuesto y la colaboración entre sectores, garantizando condiciones que impulsen la inversión y atiendan los desafíos que enfrentamos como país.